Tras vencer plazo, forzarán a Elmer Charlaix a devolver dinero al Estado

La Fiscalía solicitó una ejecución forzosa de sentencia contra el exsecretario quien en 2018 fue condenado a prisión por enriquecimiento ilícito.

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EL SALVADOR.- Elmer Roberto Charlaix Urquilla, el exsecretario privado de la Presidencia que fungió durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca Gónzalez, será forzado a devolver dinero al Estado, tras finalizar el plazo que se le había otorgado y no reintegrar lo defraudado.

Ayer la Fiscalía General de la República (FGR), informó que envió una solicitud a la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador de ejecución forzosa de sentencia contra el exsecretario quien en 2018 fue condenado a prisión y a devolver $710,339.19 al Estado, en un plazo de dos años.

Con la solicitud la Fiscalía busca que Charlaix restituya los $710 mil 339.19 dólares al Estado, un monto que fue modificado en diciembre de 2020, por la Sala de Civil de la Corte Suprema de Justicia, a petición de una apelación presentada por la defensa del exfuncionario.

De no responder por el pago, Charlaix condenado por enriquecimiento ilícito, deberá responder por medio de embargo.

“El período otorgado para que Charlaix pagara ha finalizado y con ello incumplió la orden del juez, la @FGR_SV hizo una solicitud de ejecución forzosa ante la Cámara 1° de lo Civil de la 1° Sección del Centro, para que el imputado cumpla con el mandamiento” indicó la Fiscalía.

Charlaix quien fue secretario privado del expresidente de la República, Elías Antonio Saca González, en el período 2004-2009 fue condenado junto a su esposa, María Arline de Charlaix, por no poder justificar el origen de fondos reveladas en sus declaraciones patrimoniales y así fueron sentenciados a devolver dinero al Estado. En el caso de María Arline ya restituyó un monto de 173 mil 925 dólares con 75 centavos pero el exsecratrio incumplió la orden del juez.

Cabe señalar que con la sentencia la pareja quedó inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público durante un plazo de 10 años contados a partir que la condena.