La Fiscalía de Barcelona pidió ocho años y dos meses de cárcel para la cantante colombiana Shakira, a la que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.
El ministerio público presentó un escrito de acusación contra la artista ante el juzgado de instrucción número dos de Esplugues de Llobregat (Barcelona), después de que la Audiencia de Barcelona avalara que debe ir a juicio.
Según la acusación, Shakira residía en España desde 2012 y por tanto estaba obligada desde entonces a tributar en este país.
La artista colombiana ya ha devuelto los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses pero esto no impide que se siente en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía de Barcelona presentó contra ella seis delitos contra la Hacienda pública con dos agravantes: por la elevada cuantía de la defraudación y por la “utilización de personas jurídicas interpuestas”, o sea, de sociedades en paraísos fiscales que le permitieron ocultar sus ingresos. Shakira rechazó la última oferta, que suponía evitar el ingreso en prisión.
La Fiscalía, sin embargo, aprecia también una circunstancia atenuante que ha permitido rebajar las penas de prisión: la reparación del daño, ya que la artista puso a disposición del juzgado 17,2 millones para hacer frente a eventuales responsabilidades. La fiscal ha solicitado que, en el juicio, se interrogue a Shakira y a un total de 37 testigos, algunos de ellos por videoconferencia.
La presentación del escrito de acusación supone que, en las próximas semanas, el juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que ha investigado los hechos dictará auto de apertura de juicio oral. Eso significa entre otras cosas que, si hay pacto de última hora, Shakira tendrá que sentarse de todos modos en el banquillo de los acusados, aunque sea solo para refrendarlo.
Sin embargo todo apunta a que el juicio se desarrollará con normalidad pues la cantante ha criticado duramente a la fiscalía y la calificó como “intransigente” y la acusó de emplear “medios indebidos para presionar”.
