El martes pasado fue un día muy activo en la diplomacia latinoamericana, con los dos bandos en los que el hemisferio se ha dividido en torno a Venezuela reunidos en dos capitales, Lima y Caracas.
En Lima, capital de Perú, 12 cancilleres, de un total de 17 países que acudieron a la cita, emitieron una declaración en la que las palabras más fuertes resumen el consenso de que “Venezuela ya no es una democracia” y que los actos de la Asamblea Nacional Constituyente son “ilegítimos”.
El documento condena “la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente”. Además, expresa un “enérgico rechazo a la violencia y cualquier opción que involucre el uso de la fuerza”,
Los países firmantes fueron Perú, México, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Canadá, Chile, Honduras, Panamá y Paraguay. MIentras tanto otros cinco países asistieron, aunque no firmaron la Declaración de Lima. Uruguay, Jamaica, Granada, Santa Lucía y Guyana.
Al mismo tiempo, Venezuela convocó a sus aliados a una reunión de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América Latina y el Caribe-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), a la que acudió como invitado El Salvador, que fue representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez; y el viceministro, José Luis Merino.
En esa cita estuvieron también, entre otros, Bolivia, Nicaragua, Cuba y Ecuador, parte del bloque de los países con los que el gobierno de El Salvador se ha alineado, con una posición que trata de ser conciliadora pero sin que eso moleste a Nicolás Maduro, acerca de lo que ocurre en Venezuela.
Al encuentro, que se llevó a cabo en la sede de la cancillería venezolana, llegó Maduro, quien aseguró que “el imperio trata de dividirlos”.
Citado por la agencia de noticias pro chavista Telesur, el gobernante habló de que se prevé una cumbre en El Salvador, sin precisar la fecha, con el objetivo de “restituir otra vez los caminos de América Latina”.
“Creo que hace falta un diálogo regional y yo le propongo al ALBA y a los liderazgos poderosos de los países presentes que iniciemos, con la iniciativa de ustedes, un diálogo por el respeto de Venezuela. Que se inicie un diálogo con los gobiernos de México, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, y, como punto único, restituir las normas de respeto al derecho internacional y los principios consagrados y vigentes de la carta fundacional de nuestra comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños”, aseguró.
En mayo pasado, la entonces canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a El Salvador una reunión urgente de la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para buscar respaldo a su gobierno, ante los intentos de un grupo de países de aprobar una resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA).
El encuentro se llevó a cabo en San Salvador el 2 de mayo, pero no hubo resolución favorable a Venezuela porque ese mecanismo de diálogo está diseñado para tomar decisiones por consenso, lo que no ocurrió.
Ausencia de cancilleres deja sin éxito reunión de CELAC sobre Venezuela
Rodríguez preside ahora la Asamblea Nacional Constituyente y en su discurso inaugural advirtió a la comunidad internacional que “no se equivoquen con Venezuela. En ese mismo mensaje negó que en su país exista una crisis humanitaria, pese a abundante evidencia de la falta de alimentos, medicinas y otros insumos, que su gobierno achaca a “una guerra económica de la derecha”.
La situación se agravó en Venezuela desde inicios de abril, cuando el Tribunal Supremo de Justicia desconoció los poderes de la Asamblea Nacional, integrada por una mayoría de la oposición por supuesto desacato.
Esa decisión motivó que iniciaran protestas en las calles, que ya han costado la vida a más de 100 personas, la mayoría manifestantes de la oposicin. La escala de represión en contra de las protestas ha ido en aumento y se acusa a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana de violar reiteradamente los derechos humanos de manifestantes y detenidos.
