El Salvador _El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador fijó para agosto la fecha del primer juicio penal en contra del expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, que es procesado, de forma ausente, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos, supuestamente por haber recibido sobresueldos cuando era vicepresidente en la gestión de Mauricio Funes.
El tribunal programó el juicio para desarrollarse del 20 al 30 de agosto del 2024, a las 9:30 de la mañana, en el Centro Judicial Isidro Menéndez.
A parte del expresidente Salvador Sánchez Cerén, también serán enjuiciados el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez; la exviceministra de Medio Ambiente, Lina Dolores Pohl Alfaro; el exsecretario privado de Sánchez Cerén, José Manuel Melgar Henríquez; el expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), José Guillermo Belarmino López, y el exministro de Trabajo, Calixto Mejía Hernández.
De todo los enjuiciados solo Calixto Mejía está presente, bajo medidas sustitutivas a la detención provisional, el resto está ausente.
“El delito atribuido es de acción pública, y por su complicidad deberá ser conocido de forma colegiada y siendo la distribución administrativa-interna determina que corresponde al Tribunal Sexto de Sentencia”, dice la resolución del Tribunal a la que tuvo acceso Diario El Mundo. La resolución detalla que el expediente judicial consta de 69,384 folios (páginas), formado de 347 piezas (conjunto de páginas).
Pese a que los enjuiciados tiene orden de captura vigente y restricciones migratorias, el tribunal los citó el próximo 3 de abril para que sean imputados de los delitos.
¿Por qué los enjuician?
La Fiscalía General de la República sostiene que los exfuncionarios de la gestión Funes recibían dinero extra a sus salarios en concepto de “sobresueldos” y salían supuestamente de la partida secreta de Casa Presidencial.
En el caso de Sánchez Cerén, en calidad de exvicepresidente, la Fiscalía lo señala de haberse apropiado de $530,000, que supuestamente recibió en concepto de estipendios.
La defensa de Cerén siempre ha sostenido que la Fiscalía no tiene pruebas en este caso, debido a que la misma Corte Suprema de Justicia lo exoneró por supuesta riqueza ilícita, durante su cargo en la vicepresidencia.
En el caso del exministro de Obras Públicas Gerson Martínez es acusados por presuntamente haber aceptado $290,000 de sobresueldos, mientras que el exministro de Trabajo, Calixto Mejía, de recibir $208,000.
En el caso de Lina Pohl es señalada de haber recibido $177,000 y López Suárez, $565,000. No se ha detallado el monto señalado para el exsecretario Manuel Melgar.
Según detalla la acusación, el dinero era transferido desde el Ministerio de Hacienda a la Presidencia sin el aval de la Asamblea Legislativa.
Por este caso ya fueron condenados la exviceministra de Salud, Violeta Menjívar; la exviceministra de Educación, Erlinda Hándal; el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres; y el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores, tras someterse a un proceso de juicio abreviado, donde se les impuso la pena de tres años de cárcel, sustituida por trabajos de utilidad pública.
Sánchez Cerén reside en Nicaragua junto a su familia, donde obtuvieron asilo político del dictador Daniel Ortega; posteriormente fueron nacionalizados. Constitucionalmente, Nicaragua prohíbe entregar en extradición a sus ciudadanos.
Otro proceso.
En agosto de 2022, la Fiscalía también acusó a Sánchez Cerén y a 17 exempleados de su Gobierno de presuntamente lavar $183 millones de la cuenta de gastos reservados de Casa Presidencial a seis cuentas particulares.
De ese monto, $152 millones fueron retirados en efectivo y otros fondos fueron pagados a proveedores que no tenían relación comercial con Casa Presidencial, según la acusación.
Los 18 señalados también habrían desviado fondos de las donaciones de la República de China Taiwán, por $3,968,547.19. Supuestamente eran enviados a cuentas donde luego se emitían cheques por el pago de presuntos proveedores.
