EL SALVADOR.- El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres instaló este lunes la audiencia de vista pública contra Joel Omar Valle Leiva quien es acusado del feminicidio de su esposa, Flor García asesinada en 2021 en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), Joel Valle, un odontólogo de profesión, es el responsable de la muerte de Flor, junto a su primo Francisco Boanerges Valle Leiva, quien es acusado de complicidad.
Flor García desapareció el día 15 de marzo de 2021 en la ciudad de Cojutepeque, y su caso fue reportado un día después ante las autoridades por su propia pareja, Joel Valle.
Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones, quien planeó el feminicidio de Flor fue su esposo, en complicidad con su primo Francisco Valle, por lo que inicialmente fueron acusados por desaparición de personas, pero a Joel también se le atribuyó el delito de expresiones de violencia contra la mujer al trascender que Flor María habría vivido en un circulo de violencia psicológica y económica.
La joven estuvo desaparecida durante meses hasta que su cuerpo fue encontrado en un botadero de ripio sobre el kilómetro 32 de la carretera Panamericana, en la finca La Paz, el 29 de junio de 2021, de acuerdo con las autoridades, porque Joel Valle confesó lo que había sucedido con la joven y reveló las evidencias para dar con el cuerpo.
“El cuerpo de Flor María García estaba bajo 700 metros cúbicos de tierra, ripio y desechos como parte del plan criminal y de impunidad que los imputados se trazaron con su asesinato”, dijo en ese momento el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Flor dejó a dos hijos menores de edad en la orfandad.
Tras el hallazgo del cuerpo la fiscalía modificó el delito atribuido a los imputados a feminicidio agravado, al ser el esposo de Flor había el principal responsable de la desaparición y muerte de la joven, y su primo fue acusado como cómplice necesario.
La parte fiscal asegura contar con los elementos de prueba suficiente para demostrar la culpabilidad de los imputados y que sean condenados a la pena máxima; es decir, hasta 50 años de prisión.
