EL SALVADOR.– Con 67 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa eligieron ayer a Raquel Caballero de Guevara como nueva Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, para el período 2022-2025, en sustitución de José Apolonio Tobar, quien finaliza su período este sábado 15 de octubre.
Caballero de Guevara quien fungió en este mismo cargo entre los años 2016 y 2019, asumirá el puesto el domingo 16 de octubre.
La funcionaria fue electa por los diputados de Nuevas Ideas, PCN, GANA y PDC; ya que las fracciones de ARENA, FMLN y Nuestro Tiempo se abstuvieron a presentar propuesta de candidato y por su parte, el partido VAMOS declinó.
En e proceso de elección participaron nueve abogados aspirantes, entre ellos el procurador Apolonio Tobar.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que tras analizar las hojas de vida de cada uno de los aspirante, los parlamentarios coincidieron en que el perfil de Caballero era el idóneo para dirigir la institución.
“Caballero de Guevara cuenta con más de 20 años de experiencia al interior de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), fungió como jueza de la Familia en Usulután y fue fundadora de los Juzgados de Familia” señaló la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con el presidente de la Asamblea Legislativa, el nombramiento de la nueva procuradora se dio en el tiempo establecido como muestra del compromiso de este Órgano de Estado de elegir a los funcionarios de segundo grado.
El artículo 194 de la Constitución de la República establece que son obligaciones del procurador: velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos de los salvadoreños, investigar de oficio o por denuncia casos de violaciones a los derechos humanos, asistir a las presuntas víctimas de violaciones y promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos.
Además, la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dicta que, durante el ejercicio de su cargo, el procurador no dependerá de ninguna institución, órgano o autoridad del Estado y solo estará sometido a la Constitución y a las leyes de la República.
