Presidente de Caja de Crédito de Colón, acusado de financiar publicaciones desde la cuenta “El Comisionado”

Según la acusación, Eric Zelaya, presidente de la Caja de Crédito de Colón es considerado autor intelectual de los hechos.

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EL SALVADOR.- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó hoy el requerimiento en contra de ocho personas acusadas de estar detrás de las publicaciones realizadas desde la cuenta de Twitter conocida como “El Comisionado”.

Los acusados son David Ernesto Reyes Leiva, Josseline Raquel Hernández, Alex David Hernández Buendía, Luis Alberto Celis Méndez, Josué Isaías Carpaño Carrillo y Eric Ricardo Zelaya Ramos, presidente de la Caja de Crédito de Colón, quien es considerado autor intelectual de los hechos. 

Según Fiscalía, estas personas son acusadas de “difamar y publicar información privada de figuras públicas y personas particulares a través de redes sociales”, bajo el financiamiento del presidente de la Caja de Crédito de Colón.

“Eric Zelaya, presidente de la Caja de Crédito de Colón y considerado autor intelectual de los hechos, entregó dinero para que se realizaran publicaciones calumniosas a través de la cuenta de Twitter conocida como “El Comisionado” indicó el Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones, los imputados planificaron la campaña para revelar datos e información personal de dos víctimas, desde octubre de 2021 a abril del 2022, un trabajo por el cual recibieron $6,000.00.

“Se ha podido demostrar de conformidad a las investigaciones que estas personas a cambio de pagos efectuados por interesados usaban los datos personales de una víctima que tiene régimen de protección y cuentas troles en Twitter para publicar dichos datos” expresó el fiscal del caso al momento de las capturas ejecutadas durante un operativo realizado en Santa Tecla, San Salvador, Quezaltepeque y Lourdes Colón.

Durante el procedimiento las autoridades confirmaron que decomisaron computadoras y teléfonos celulares para extraer información

Los cargos en contra de los imputados son utilización de datos personales y revelación indebida de datos o información de carácter personal, ya que según el fiscal se trataba de cuentas de difusión masiva, provocando “una falta de seguridad a los datos personales” de las víctimas; además, porque cobraban y se lucraban por dicha acción.