El Gobierno de Ecuador declaró el estado de excepción en el sistema penitenciario y abrió la posibilidad para que militares y policías ingresen en esos centros, con el objetivo de desmantelar bandas violentas que libran una guerra por el control de las prisiones y provocó la masacre que dejó 116 muertos en una cárcel de Guayaquil.
”Declárese el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin excepción alguna, por el plazo de 60 días desde la suscripción de este decreto ejecutivo”, señala el documento suscrito por el jefe del Estado, Guillermo Lasso.
La decisión se da tras el motín que se registró el martes en la Cárcel Número 1 de Guayaquil, conocida también como Penitenciaría del Litoral, que dejó al menos 116 reos asesinados y otros 80 heridos, según declaraciones del presidente Lasso.
”Es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa de poder entre bandas delincuenciales”, remarcó Lasso y dijo que con “con absoluta firmeza”, el Estado no cejará en su afán de “recuperar el control de la Penitenciaría del Litoral y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario del Ecuador”.
Aseguró que se adelantará un plan para tratar de solucionar el fenómeno de la violencia en las cárceles del país, que incluirá importantes inversiones en infraestructuras y sistemas tecnológicos de vigilancia y control, que ayuden a las autoridades a evitar los motines y reyertas, que se han sucedido desde hace varios años.
Asimismo dijo que el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, recibirá los recursos necesarios para emprender el plan, de forma prioritaria en la cárcel de Guayaquil.
Fausto Cobo, quien renunció el pasado lunes como director del SNAI alertó sobre la fuerza de las bandas que operan al interior de las cárceles, donde incluso se usan explosivos y armas de grueso calibre.
”Esta es una amenaza contra el Estado”, remarcó Cobo, quien fue sustituido por Bolívar Garzón, quien se venía desempeñando como director de la cárcel de la ciudad andina de Latacunga, donde también se han registrado crueles enfrentamientos entre reos.
Las bandas que actúan en las cárceles, que tendrían conexión a carteles de la droga, sobre todo de México, según ha dicho Cobo, tiene un “poder igual o superior” al Estado.
El Gobierno ha adoptado medidas para tratar de mitigar y erradicar la violencia en las cárceles, sobre todo el estado de excepción que permite actuar de forma emergente y rápida.
Según el decreto ejecutivo, el estado de excepción dispone la movilización nacional de todos los organismos de la administración pública, especialmente del SNAI, las Fueras Armadas y la Policía, para que se “coordinen esfuerzos con el objetivo de ejecutar las acciones necesarias para restablecer y mantener el orden, prevenir nuevos acontecimientos de violencia social al interior de los centros”.
En caso de existir incidentes flagrantes en el interior de las cárceles la Policía, de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, “deberá intervenir de modo urgente, dentro del marco constitucional y legal vigente y en respeto a los derechos humanos”, agrega el decreto.
Asimismo, precisa que la participación de las Fuerzas Armadas deberá respetar los criterios de “necesidad, razonabilidad y proporcionalidad”.
(con información de EFE)
