EL SALVADOR.- La Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa que estudia el anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos inició este jueves la discusión el articulado de dicha, en base a la iniciativa enviada por el presidente de la República, Nayib Bukele.
La reunión de trabajo se lleva a cabo en las instalaciones del Centro Cívico Cultural Legislativo donde los legisladores aseguran se discutirá el articulado de la propuesta, cumpliendo los plazos establecidos para aprobar dicha ley.
“Estamos en la segunda etapa de conformación y creación del articulado. Se dijo que este proceso sería transparente y de cara al pueblo salvadoreño y así será”, aseguró la diputada presidenta de la Comisión, Sandra Martínez.
En esta segunda etapa se presentará la ley guía que presentó el Ministro de Medio Ambiente, Fernando López, a iniciativa de la Presidencia, y a partir de ella se conformará el articulado.
“Puedo asegurar que se va a respetar que el agua va a ser un derecho humano y va a quedar explicito en la ley que jamás va a ser privatizada bajo ninguna circunstancia” aseguró el diputado Christian Guevara.
Este día los diputados recibieron una propuesta del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco, y también conocerán escritos del Movimiento Ciudadano por el Agua, Junta Directiva de la Federación de Sindicatos de Instituciones Públicas y Autónomas de El Salvador (FESIPAES) y una nota de Colectiva de Mujeres Kawoq y el Movimiento Ecofeminista de El Salvador.
Según la presidenta de la comisión, la propuesta de ley contiene alrededor de 151 artículos que tienen como objeto regular los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores, también contempla las sanciones que se aplicarían por su incumplimiento.
El estudio de la normativa tiene a su base la iniciativa presentada el pasado mes de junio por el ministro de Medio Ambiente junto al asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, y el presidente de ANDA, Rubén Alemán, por orden del presidente Nayib Bukele.
El mandatario instruyó que el anteproyecto fuera discutido y analizado en un lapso no mayor de 90 días y se comprometió a sancionar aunque la propuesta sufriera modificaciones.
