El ministro de Trabajo, Rolando Castro, entregó hoy un informe de supuestas violaciones cometidas por empresas de seguridad contra sus empleados, asegurando que dichas empresas son las más denunciadas en esa cartera de Estado.
Castro sostuvo que las inspecciones a estas empresas son realizadas en acompañamiento con la Policía Nacional Civil (PNC) porque sus inspectores fueron amenazados cuando intentaron realizar su trabajo en estas empresas.
Castro dijo que enviará un oficio a todas las instituciones del Estado para que no contraten agencias de seguridad privada denunciadas.Ha habido un mundo de impunidad. Cuando llegué al ministro de trabajo, no me permitieron que entraran los inspectores, amenazaron a los inspectores. Cuando me llega el informe, hago coordinación con la PNC y vamos de forma conjunta. Así es como hemos estado entrando tenemos un informe bien completo”.Rolando Castro, ministro de Trabajo.
Castro dijo haberse reunido con una representación de empleadores de seguridad privada y, según el funcionario, el 99 % aceptó que no cumplen la ley. Dijo que esas empresas le pidieron que las instituciones públicas “pagaran más”.
Mencionó una empresa con capital de $7 millones que decidió no pagar al trabajador ni pagar una multa de $57.14, sino optar por una demanda contenciosa administrativa contra el Ministerio de Trabajo.
En El Salvador estamos frente a instancias que todavía siguen tomados por los poderes fácticos de este país. Tenemos una legislación laboral que prácticamente la crearon en despachos empresariales y protegía los derechos de los empleadores. El que está en primer lugar violando los derechos de trabajadores son las empresas de seguridad, la limpieza y el rubro de alimentación”.Rolando Castro, ministro de Trabajo.
Señaló a una empresa de “matonería”. Aseguró que una mujer denunció a una empresa de seguridad en el Ministerio de Trabajo y que, en reacción, la empresa envió una fotografía de la trabajadora en el Ministerio de Trabajo e incluso trayendo a sus hijos en un centro escolar. Según el funcionario, estableció una demanda penal contra la empresa.
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