La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez fue detenida la madrugada de este sábado acusada de terrorismo como parte del caso “golpe de Estado” después de que se emitiese una orden de detención en su contra que llevó a la Policía a rodear su domicilio.
Áñez fue detenida por las investigaciones sobre el origen de la violencia surgida tras las presidenciales de 2019, en las que el ex presidente Evo Morales fue acusado por la oposición de fraude electoral.
La que fuese presidenta interina de Bolivia está acusada de delitos de sedición, terrorismo y conspiración por los sucesos que terminaron con la salida anticipada de Evo Morales del poder en 2019.
El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, señaló que la denuncia que abrió la investigación que ha provocado la detención, “se ha presentado contra la ex senadora Jeanine Áñez, no contra la ex presidenta”, por lo que “no está protegida por un juicio de responsabilidades”.
También ha sido detenido el ex ministro de Energías Rodrigo Guzmán en Trinidad, en el norte del país, a quien “interceptaron en medio de la calle, tres tipos que ni se identificaron, lo subieron a una movilidad y se le llevaron”, según relató su esposa, Dalia Lima.
También están acusados los ex ministros de Justicia, Álvaro Coimbra -ya detenido-; de Gobierno y mano derecha de Áñez, Arturo Murillo -se encuentra en Estados Unidos-; de Presidencia, Yerko Núñez; y de Defensa, Luis Fernando López.
Todo ellos han sido acusados de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por su posible participación durante las violentas revueltas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año, incluyendo las masacres de Sacaba y Senkata, y que propiciaron la renuncia de Morales a su victoria y su salida del país rumbo primero a México y luego a Argentina.
Tras la detención, la ONU pidió un juicio imparcial y justo.
La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclamó a la justicia boliviana que respete “el debido proceso” y señaló que eso implica “que toda persona cuente con una defensa adecuada” y “que no se empleen tipos penales ambiguos o desproporcionados”.
