La Asamblea Legislativa aprobó este jueves disposiciones generales para seguimiento y control de los salvadoreños deportados, principalmente miembros de pandillas, maras y asociaciones ilícitas con los votos de 65 votos a favor.
La normativa busca que pandilleros y mareros deportados se desempeñen en labores de utilidad pública en favor del Estado o instituciones de beneficencia, y también que se reeduquen, terminando la primaria o aprender un oficio. Los jueces de paz de todo el país, según el caso, serán los competentes para la aplicación de medidas reeducativas y de reinserción social.
Sin embargo, Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa pidió la palabra a nombre de su partido GANA y dijo que apoyarían el decreto pero no están de acuerdo, pero “es mejor algo a nada”.
“Pandillero es en Estados Unidos como El Salvador, cinco horas de vuelo de deportación no lo va cambiar”, aseguró.
Además dejó claro que “Las medidas planteadas son demasiadas cortas y blandas, y ojala me equivoque. En el futuro hay que tomar otras medidas. Quisiera que no regresaran”, enfatizó Gallegos.
“Todas las instituciones públicas, personas naturales o jurídicas, deberán colaborar con la Policía Nacional Civil para el cumplimiento de dicha normativa. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración y Extranjería, estarán especialmente obligadas a proporcionar a la PNC toda la información de los países de procedencia de las personas retornadas”, según el artículo 8 de la Ley.
La detención de indocumentados en Estados Unidos, entre ellos extranjeros con antecedentes penales, se incrementó desde la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario, además, prometió acabar con organizaciones criminales como la MS-13, al conocerse los asesinatos y otros crímenes cometidos, principalmente en la zona de Long Island, Nueva York.
Eso despertó el temor entre el gobierno y los partidos políticos, que buscaron los mecanismos legales para tener control sobre los salvadoreños que cometieron delitos en otros países, pero no tienen antecedentes penales o policiales en El Salvador.
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El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, dijo en su momento que las autoridades de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ya está compartiendo información sobre los antecedentes de salvadoreños que van a ser deportados, aunque hasta el momento no había ninguna herramienta legal para detener o fichar a los que traen ficha criminal.
