El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén ha dado un giro de 180 grados en la posibilidad de que un organismo externo asuma el rol de investigar hechos de corrupción en el país, luego de oponerse, pese a que es uno de los requisitos impuestos por Estados Unidos para el desembolso de ayuda en el marco del programa Alianza para la Prosperidad.
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, dijo esta mañana que desde el gobierno están analizando que una entidad externa se haga cargo de los hechos de corrupción que ellos denuncian, como el presunto pago de sobresueldos en los gobiernos desde los Acuerdos de Paz.
El funcionario propone que esa nueva entidad investigue a las todos los fiscales generales, a las Cortes Supremas de Justicia, a todos los casos de los que, según ellos, guardan silencio y no accionan.
Con esto, Chicas no solo critica a la Fiscalía, sino que la desacredita, principalmente, cuando dice que “no entiende” por qué no ha procedido con la investigación de sobresueldos en los gobiernos de ARENA.
El modelo del que se ha hablado desde hace algunos años es el de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Aunque ni siquiera hay un proyecto de ley en ese sentido, ya hasta hay propuesta de que se llame Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
En diciembre de 2015, el Congreso de Estados Unidos aprobó el presupuesto de su país, donde se incluyó la asignación de 750 millones de dólares para El Salvador, Guatemala y Honduras, beneficiarios de Alianza para la Prosperidad.
El entonces vicepresidente Joe Biden había dejado claro el tema en varias reuniones con los presidentes de los países del Triángulo Norte, una de las últimas en enero de 2016 para la toma de posesión de Jimmy Morales en Guatemala.
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, dijo en diciembre de 2015 que el gobierno de Sánchez Cerén no veía como una condición de Estados Unidos que se creara un organismo supranacional que investigue la corrupción.
En esa ocasión dijo que el enfoque era optar por fortalecer las instituciones nacionales, específicamente la FGR.
En la propuesta presupuestaria para una nueva asignación de fondos presentada este mes en el presupuesto de Estados Unidos se incluye una asignación de 655 millones de dólares para los países del Triángulo Norte de Centroamérica.
De nuevo, uno de los 16 requisitos es el combate a la corrupción. En el apartado que habla del desembolso del 50 por ciento de los recursos, la propuesta de legislación dice lo siguiente: “Combatir la corrupción, incluyendo la investigación y persecución penal de actuales y exfuncionarios creíblemente acusados de corrupción”.
Además, implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, entre ellas incrementar la capacidad e independencia del sistema judicial y la FGR.
