Funcionarios y exfuncionarios salvadoreños deben ser investigados si son sospechosos de corrupción y llevados a la cárcel de resultar culpables, establece uno de los requisitos impuestos por el Congreso de Estados Unidos en un paquete de 655 millones de dólares para el plan Alianza para la Prosperidad, que incluye también a Honduras y Guatemala. No es una opción, es un requisito indispensable a cumplir.
La Cámara de Representantes y el Senado enviaron al presidente Donald Trump el texto de la legislación conocida como Ley Consolidada de Apropiaciones H.R. 144, que contiene el financiamiento del gobierno estadounidense hasta el 30 de septiembre, cuando venza el actual año fiscal 2017.
En el apartado que habla del desembolso del 50 por ciento de los recursos, la legislación dice lo siguiente: “Combatir la corrupción, incluyendo la investigación y persecución penal de actuales y exfuncionarios creíblemente acusados de corrupción”.
Además, implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, entre ellas incrementar la capacidad e independencia del sistema judicial y la Fiscalía General de la República (FGR).
En ese sentido, el fiscal General, Douglas Meléndez, cuenta con el respaldo de Estados Unidos, y aún está pendiente si procederá a acusar penalmente por enriquecimiento ilícito en contra de funcionarios y exfuncionarios afines al gobierno, entre ellos el expresidente de la República, Mauricio Funes; mientras, que al presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), Sigfrido Reyes, aún se espera que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia revele el informe final.
El Congreso de Estados Unidos exige además que los gobiernos cooperen con comisiones en contra de la corrupción e impunidad, así como organismos defensores de los derechos humanos.
En el caso de Guatemala, tiene desde 2007 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), clave en el desmantelamiento de estructuras de corrupción enquistadas en el Estado, entre ellas la dirigida por el expresidente Otto Pérez Molina.
Honduras, por su parte, firmó un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para establecer la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
En El Salvador, en cambio, el tema ha generado asperezas entre funcionarios y legisladores del FMLN, quienes consideran que un organismo similar a la CICIG o la MACCIH sería una intromisión en los asuntos internos.
“Nosotros somos amigos de la cooperación, de la integración de los Estados, de la complementariedad, de la solidaridad, más nunca de la injerencia externa en las decisiones que corresponden al Estado salvadoreño”, dijo en marzo pasado la diputada del FMLN Norma Guevara.
Meléndez, por su parte, manifestó en ese momento que las condiciones de la institución que dirige lo estaban inclinando a solicitar un organismo similar al que tienen los países vecinos del Triángulo Norte.
“Lo que he dicho, prácticamente, es que nosotros estamos analizándolo, porque habrá unas condiciones que ya se están dando, no he dicho que directamente la voy a pedir, sino que las condiciones que nosotros tenemos en nuestra institución prácticamente nos están llevando a analizar esa posibilidad”, expresó.
Alianza para la Prosperidad fue creado en 2014, luego de un aumento dramático en el número de familias y menores migrantes no acompañados que llegaron a Estados Unidos desde El Salvador, Guatemala y Honduras.
La idea es combatir en esos países las causas que originan la migración, entre ellas la violencia, la pobreza, la debilidad institucional y el crimen organizado, entre otros aspectos.
