El Salvador_La Asamblea Legislativa estudia la petición que le hizo ayer la Fiscalía General de la República (FGR) para quitarle el fuero constitucional al diputado Alberto Armando Romero Rodríguez, del partido ARENA, para que enfrente la justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, llevó la solicitud de antejuicio y petición de desafuero, la cual fue recibida por el presidente del congreso, Ernesto Castro, y luego ingresada al pleno dispensando los trámites y se convocó a la comisión de legislación y puntos constitucionales para que la recibiera y determinara si existía lugar a formación de causa.
«Esta solicitud se formula después de analizar la información recibida. Se llegó a la conclusión de que existen los suficientes indicios del cometimiento de lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito. Como fiscal, mi deber es defender los intereses del Estado y de todos los salvadoreños», indicó Delgado. El fiscal general detalló que el diputado arenero «tuvo ingresos sin justificar de $1,162,388.05», y agregó que también la esposa y la hija de Romero estarían involucradas en el cometimiento de estos hechos.
De acuerdo con la FGR, en total fueron 19 irregularidades detectadas en la investigación contra Romero luego de que la cámara de Cojutepeque, en Cuscatlán, donde se procesaba el caso, declaró que había ingresos monetarios que el diputado Romero no podía justificar.
Por su parte, Castro remarcó que la lucha contra la corrupción no distingue banderas políticas y se persigue por igual
«Como dijimos hace unas semanas, la nueva Asamblea no va a continuar con la tradición de corrupción de esa vieja clase política que caracterizaba a este órgano de Estado», añadió.
Mientras se llevaba a cabo la plenaria, el diputado Romero intentó salir del recinto legislativo y fue retenido por la Policía por el delito de resistencia agresiva.
Tras el hecho, las autoridades policiales lo entregaron al presidente del congreso como lo manda la ley. La junta directiva de la Asamblea acordó que Romero permanezca retenido en las oficinas de la bancada de su partido al menos durante cinco días hábiles.
«Se le garantizarán sus derechos constitucionales a nivel personal y legal para asegurar su bienestar e integridad. Asimismo, se remitirán diligencias a la Fiscalía recibidas por la Policía», expresó Ernesto Castro.
La comisión política concluyó que era procedente estudiar la petición de la Fiscalía del desafuero del diputado y esta emitió dictamen favorable para que se declarara abierto el proceso de antejuicio contra el legislador tricolor.
El dictamen llegó al pleno legislativo y se acordó, por la noche, crear una comisión especial para que estudie el desafuero. Se prevé que la comisión de antejuicio comience hoy con su sesión de instalación y el establecimiento de la calendarización por seguir.
Alberto Romero es diputado de la Asamblea Legislativa desde 2000. Fue suplente desde ese año hasta el 1.º de mayo de 2009, cuando asumió como diputado propietario de forma ininterrumpida hasta la fecha, siempre electo bajo la bandera de ARENA y por el departamento de Cuscatlán.
Su proceso de desafuero es parte de la lucha contra la corrupción que el presidente de la república, Nayib Bukele, anunció el 1.º de junio pasado, al concluir su cuarto año de gestión, y que inició con la confiscación de bienes adquiridos ilícitamente por el expresidente de la república Alfredo Félix Cristiani Burkard, quien gobernó bajo la bandera de ARENA.
Romero es el segundo diputado del partido tricolor que es desaforado para enfrentar a la justicia en tribunales, pues Norman Quijano, representante de El Salvador en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), perdió dicha investidura en diciembre de 2021, acusado por la FGR de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, ya que negoció con pandillas apoyo a cambio de votos para ganar las elecciones presidenciales de 2019.
Tres diputados más han sido desaforados: José Ilofio García y Gerardo Balmore Aguilar, acusados de cohecho impropio, y Érick García, procesado por falsedad ideológica.
