EL SALVADOR.- La Comisión Especial que investiga los fondos otorgados a las ONG afines a los partidos FMLN y ARENA, presentarán un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los fondos entregados a estas organizaciones, en las pasadas legislaturas.
El anuncio se dio ayer tras la sesión de trabajo en la que los diputados recibieron al equipo de abogados penalistas que durante varios meses analizó los mecanismos utilizados por las legislaturas anteriores para asignar fondos públicos a las asociaciones y organizaciones sin fines de lucro en las que figuraban algunos de los diputados de ese entonces.
Según el informe de los abogados, tras las investigaciones y el análisis de toda la documentación, se identificó que hubo “procedimientos ilegales” para beneficiar con recursos a las ONG, y se establecieron los montos que recibieron y se individualizaron a los políticos involucrados que habrían incurrido en delitos.
De acuerdo con los profesionales, se señalan delitos como peculado, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, por los que se presentará el aviso ante la Fiscalía para que se inicie la respectiva investigación penal y se deduzcan las responsabilidades.
“Se logró identificar puntos que contribuyeron a verificar irregularidades, a fin de que el Estado pueda solicitar un resarcimiento de daños”, explicó el abogado José Machado.
El profesional explicó que cuando el proyecto de Presupuesto General de la Nación llegaba a la Comisión de Hacienda — conformada por varios diputados de ARENA y el FMLN que eran los miembros de algunas ONG que recibieron fondos — los montos se reajustaban y se asignaban a las diferentes carteras de Estado, como lo establece la ley. Sin embargo, quedaba un sobrante de dinero, llamado “cola presupuestaria”, el cual era repartido por los diputados de los partidos tradicionales entre las asociaciones y fundaciones aliadas a ellos.
El estudio también reveló que esta práctica se llevó a cabo por muchos años, tiempo en el que no se llevó una contabilidad formal, no se presentaron balances anuales y no se rindieron informes sobre el uso del dinero ante el Registro de Organizaciones y Fundaciones no Gubernamentales del Ministerio de Gobernación. Pese a ello, cada año, esas organizaciones recibían fondos públicos.
Otra irregularidad es que no hubo inscripción de juntas directivas de las ONG, ni registros de miembros activos. Además, se evidenció la participación de diputados y empleados activos de la Asamblea Legislativa, funcionarios y familiares de estos dentro de las fundaciones mientras se les otorgaba los fondos. Incluso, se les asignaban fondos a las ONG sin que estas hicieran peticiones formales o sin que se detallara el proyecto en el que se requería el financiamiento.
La diputada Alexia Rivas destacó que las asignaciones discrecionales que realizaron las anteriores legislaturas fueron con el aval del Órgano Ejecutivo.
“Este mecanismo de corrupción funcionó para robar dinero de los impuestos de las personas que pudo ser ocupado para brindar mejores oportunidades a la población”, expresó la diputada. La también presidenta de la mesa de trabajo agregó que este es uno de los primeros pasos para revelar el mecanismo ilegal que estaba enquistado en las viejas legislaturas. “Dichas investigaciones no son ni el 5 % de toda la pirámide de corrupción que existió en el pasado”, dijo.
Por su parte el diputado Caleb Navarro, mencionó que esta información “se llevará ante la Fiscalía”.
ONG investigadas
El estudio abarcó:
- Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES)
- Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas)
- Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD)
- Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA)
- Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador (APDEMES)
- Asociación de Mujeres Tecleñas (ATM)
- Fundación Ambientalista de Santa Ana (FUNDASAN)
- Pro Basket – Quique Samour y La Factoría Ciudadana.
- Los abogados aclararon que algunas de estas fundaciones no fueron parte de los mecanismos corruptos de asignación de recursos, incluso, dijeron que eran las que menos dinero recibían.
Cabe señalar que para elaborar el informe los abogados analizaron inscripciones, credenciales, balances presentados de manera incompleta en el registro de asociaciones sin fines de lucro, información emanada por la Asamblea Legislativa, dictámenes emitidos por la Comisión de Hacienda de las pasadas legislaturas y reportes de la Gerencia de Recursos Humanos del Órgano Legislativo para determinar la nómina de personal vinculado a las ONG y convenios institucionales que justificaban la erogación de fondos.
Los especialistas propusieron a la Comisión Especial realizar reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales y Ley General del Presupuesto para evitar que haya adjudicaciones discrecionales como las efectuadas en las legislaciones pasadas.
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