EL SALVADOR.- El delito de fraude electoral será castigado hasta con 20 años de prisión tras una serie de reformas el Código Penal, mediante las cuales se incrementarán los castigos para quienes manipulen, alteren u obstaculicen el ejercicio del sufragio, los procesos de elección popular y el sistema de recolección de los votos en sus diferentes modalidades.
Ayer, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron cambios en el artículo 295 del Código Penal que establecen castigos de 10 a 15 años con prisión a quienes obstaculicen la elaboración del registro electoral, el libre ejercicio del voto o el escrutinio.
Además, incluyeron en el delito de fraude electoral a las personas que dificulten la inscripción de candidaturas que cumplan requisitos establecidos en las leyes y establecieron castigos de entre 15 y 20 años de prisión para quienes cometan casos especiales de fraude electoral; es decir quienes colaboren o conspiren para que otra persona acceda al sistema informático y alterarlo o manipular el funcionamiento de las plataformas de votación, facilitando la destrucción, modificación o alteración de información o el bloqueo de programas.
Los diputados manifestaron que el incremento de las penas tiene el objetivo de garantizar el libre derecho al ejercicio del voto tanto dentro como fuera del país, para elegir a las autoridades de los órganos Ejecutivo, Legislativo y los Concejos Municipales.
La normativa también establece que en caso de que el delito sea cometido por un funcionario, mediante amenazas o engaños, el castigo se aumentará en una tercera parte de la pena máxima. En tanto, si es miembro de una pandilla, la sanción será de 20 a 30 años de prisión.
Además, en caso de que una persona sea incitada a cometer estos delitos y no informa a las autoridades incurrirá en el delito de comisión por omisión.
