EL SALVADOR.- El régimen de excepción en El Salvador se extenderá hasta 2023 tras una nueva prórroga de la medida aprobada durante la noche del miércoles, por los diputados de la Asamblea Legislativa.
La novena extensión de la medida fue aprobada como diputados de Nuevas Ideas lo habían adelantado, con 67 votos a favor, pero también hubo nueve abstenciones y seis votos en contra.
“Vamos a apoyar esta medida con el mismo compromiso, la misma confianza y la misma firmeza con la que lo hicimos, por primera vez, en el mes de marzo”, expresó el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien también señaló que el régimen será prolongado “las veces que sea necesario”.
La prórroga entrará en vigencia a partir del próximo 18 de diciembre, tras su publicación en el Diario Oficial, fecha en la que caducará la extensión anterior (octava).
La solicitud para continuar con la medida fue presentada el mismo miércoles por funcionarios del Gabinete de Seguridad, integrado por el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, y el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy.
Según los datos de las autoridades, a la fecha el régimen ha dejado un total de 60, 019 personas capturadas, a quienes se les atribuyen diversos delitos. Además, 2 mil armas de fuego incautas y 2, 448 vehículos decomisados, los cuales eran utilizados por pandilleros para movilizarse y atentar contra la población.
Además, se reporta el decomiso de 14, 230 teléfonos celulares y $1.4 millones en efectivo proveniente de extorsiones.
De igual forma, las autoridades y los legisladores destacan 258 días sin homicidios desde que se implementó las medidas, logrando que noviembre sea el mes más seguro del año.
En abril hubo 14 días con cero homicidios, en mayo 17 días sin registro de asesinatos, en junio las autoridades reportaron 15 días; en julio y agosto fueron 21 días, el mes de septiembre fueron 19; en octubre y noviembre se cerró con la cifra de 20 días sin homicidios.
Es de señalar que el régimen de excepción para la denominada “guerra contra las pandillas” fue aprobado por primera vez el día 27 de marzo tras una escalada de violencia que dejó más de 80 muertos en menos de 72 horas. La medida suspende tres garantías constitucionales relacionadas con el derecho a la defensa, el plazo de tiempo para la detención provisional y la no intervención de las telecomunicaciones.
