EL SALVADOR.- La Fiscalía General de la República ejecutó un operativo esta madrugada en busca de sujetos que estarían vinculados a una red internacional que solicitaba material pornográfico infantil a través de las redes sociales.
Según informó una fiscal del Ministerio Público, el caso surgió de un informe de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations o HSI por sus siglas en inglés), aportado por la Embajada de Estados Unidos, en el que se indicó que la red operaba a nivel internacional, incluyendo el Triángulo Norte (Honduras El Salvador y Guatemala), razón por la cual, los procedimientos se ejecutaron de manera simultáneamente en la región centroamericana.
“Se nos informa la tenencia, posesión y distribución de pornografía infantil, y se han realizado diferentes operativos. En el caso de El Salvador son seis objetivos en diferentes puntos del país como parte del combate a los delitos de pornografía infantil por la utilización de niños, niñas y adolescentes en actos sexuales” detalló la fiscal.
Por el momento las autoridades salvadoreñas han ejecutado las capturas de Carlos Moisés Molina Melara, José Arturo Montano Galicia y Francisco Fernando Ayala Martínez.
De acuerdo con las investigaciones, estos sujetos “han sido identificados como portadores de los aparatos reportados”.
El caso según la FGR, surgió en Pretoria, Sudáfrica y posteriormente se ha ido desplegando una serie de operativos.
“Se viene trabajando desde hace bastante tiempo y surgen números telefónicos de El Salvador relacionados” agregó la fiscal.
Por el momento las autoridades aún no han determinado el destino a dónde llegaba el material pornográfico, pero si se sabe que existían varios grupos en diferentes países.
En el caso de los nacionales, las autoridades explicaron que los sujetos utilizaban cuentas electrónicas de Instagram para hacerse pasar por menores de edad y así solicitaban fotografías de jóvenes desnudos.
Los detenidos tendrán que responder por el delito de corrupción de niñas, niños y adolescentes a través de las tecnologías de la información y la comunicación, por lo cual podrían recibir condenas de hasta 8 años de prisión.
