Fiscalía acusa a 18 exfuncionarios de Sánchez Cerén por el desvío de $183 millones

El requerimiento fiscal fue presentado la tarde del lunes, ante el Juzgado Quinto de Paz, de San Salvador.

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EL SALVADOR.- La Fiscalía General de la República (FGR), presentó la acusación formal en contra de 18 exfuncionarios del expresidente Salvador Sánchez Cerén, vinculados al supuesto desvío de $183 millones provenientes del Estado.

Según el requerimiento fiscal presentado la tarde del lunes ante el Juzgado 5 de Paz, de San Salvador, entre los acusados están exempleados de Casa Presidencial y del Estado Mayor Presidencial y dos empresarios quienes son acusados por el desvío de $183,860,715.02. del Estado, a cuentas personales.

Según Fiscalía “la investigación recae principalmente en tres personas: el expresidente Salvador Sánchez Cerén, el exsecretario privado de la presidencia, Manuel Melgar y Manuel Ayala, ex director ejecutivo de la Presidencia”.

En el caso de Manuel Arturo Ayala, quien fue director ejecutivo de Casa Presidencial durante las gestiones de los expresidentes Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Cerén (en los períodos 2009-2014 y 2014-2019), enfrenta dos órdenes de captura, explicó el fiscal, una por el caso denominado Saqueo Público y otra por los delitos relacionados a la corrupción durante la administración del expresidente Sánchez Cerén.

En cuanto a Jorge Antonio Revelo Vega, exjefe del Estado Mayor Presidencial, el Ministerio Público dijo que es acusado de gestionar pagos salariales complementarios para los integrantes del Estado Mayor sin cumplir los requisitos de Ley.

Asimismo, entre los acusados se encuentra Daysi Armida Díaz, extesorera institucional de la Presidencia en el período 2016-2019; quien es acusada de firmar 193 cheques provenientes del Estado y destinados a seis cuentas aperturadas, sin cumplir los requisitos establecidos por la Ley según las investigaciones fiscales.

Por otra parte también fue capturado el empresario Alexander Benítez Peña, propietario de Box Car y Taller Frenos y Más, lugar donde según investigaciones se desviaban los fondos, de igual forma sin cumplir los requisitos de ley.

Según Fiscalía, los hechos ocurrieron entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2019 cuando los empleados de Capres supuestamente desviaron fondos de la partida presupuestaria denominada como “gastos reservados”

Los fondos fueron desviados mediante la emisión de cheques de la cuenta institucional subsidiaria del Tesoro Público, a seis cuentas bancarias no autorizadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.

Otros imputados son Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de la Presidencia, Pablo Gómez, exasistente financiero de la Presidencia y Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero institucional de la Presidencia; todos vinculados al caso de corrupción denominado Saqueo Público, durante la gestión del expresidente Mauricio Funes.