Envían a juicio a los imputados del caso Saqueo Público, entre ellos la exprimera Dama Vanda Pignato

Los imputados son acusados de sustraer $351 millones de los "Gastos Reservados de la Presidencia" durante la gestión de Mauricio Funes.

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EL SALVADOR.- Los imputados del caso Saqueo Público, entre ellos la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, pasarán a juicio por supuestos actos de corrupción durante el Gobierno del expresidente Mauricio Funes, por orden del Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, quien aceptó toda la prueba aportada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los procesados.

Entre los 10 imputados se encuentran exfuncionarios y exempleados de la administración del exmandatario de izquierda, quienes son acusados de los delitos de Lavado de Dinero y Activos, Casos Especiales de Lavado de Dinero y Casos Especiales de Encubrimiento, por el desvío de $351 millones de dólares de las arcas del Estado, según la acusación del Ministerio Público.

Según las investigaciones, los imputados trasladaban fondos del Estado hacia otras cuentas bancarias, con un mecanismo que había sido creado y utilizado desde la administración del expresidente Elías Antonio Saca.

Entre los imputados también están el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, el excontador de Casa Presidencial, Pablo Gómez, el empresario José Miguel Menéndez conocido como Mecafe y también el actual suegro de Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo.

Asimismo, el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera, Rigoberto Palacios Panameño, Jorge Alfredo Rodríguez (procedimiento abreviado), Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Hernández Castellanos, por los delitos de lavado de dinero y activos, peculado; mientras tanto la ex primera dama Vanda Pignato, también fue enviada a juicio por el delito de lavado de dinero y activos, y sobreseída por simulación del delito.

A excepción del empresario Miguel Menéndez, quien continuará en detención por lavado de dinero y defraudación al fisco, el resto de los imputados tendrán el proceso en arresto domiciliar.

Según detalló la parte fiscal, durante las anteriores audiencias el Ministerio Público presentó a 114 testigos, 2,593 pruebas documentales, 24 pericias yen un trabajo coordinado con 40 instituciones públicas y 600 empresas del sector privado.