Nicaragua nacionaliza a otra hija del expresidente Sánchez Cerén

La hija del mandatario se ha convertido en la séptima persona de la familia que recibe la nacionalidad nicaragüense.

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NICARAGUA.- Dolores Ivett Sánchez Villalta, una de las hijas del expresidente Salvador Sánchez Cerén, recibió la nacionalidad nicaragüense, según una publicación del diario oficial, La Gazeta.

Sánchez Villalta “gozará de los derechos y prerrogativas que las leyes le conceden y estará sometida a las obligaciones correspondientes a los nacionales nicaragüenses” siendo así una ciudadana más de ese país, informó el Ministerio de Gobernación de Nicaragua.

La hija del expresidente salvadoreño se convierte así en la séptima persona del grupo familiar Sánchez Villalta que recibe la nacionalización por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega.

En julio del año pasado, el Gobierno de Nicaragua le concedió la nacionalización al exmandatario junto a su esposa Rosa Margarita Villalta de Sánchez, su hija Claudia Lissette Sánchez Villalta y su nieto Juan Carlos Guardado Sánchez

Posteriormente, Nicaragua también nacionalizó al hijo del exmandatario Salvador Antonio Sánchez Villalta; su nieta Alejandra Sofía Guardado Sánchez, y su bisnieto, Carlos Manuel Pacheco Guardado, nacido el 3 de agosto de 2018.

Salvador Sánchez Cerén gobernó El Salvador en el periodo 2014-2019, pero ahora es requerido por la justicia salvadoreña acusado por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La Fiscalía General de la República acusa al exjefe de estado de supuestamente haber recibido $530,000 dólares cuando fungía como vicepresidente en la administración del expresidente Mauricio Funes (2009-2014).

Sánchez Cerén tiene orden de captura pero a finales de 2021 la Interpol notificó a El Salvador que eliminó de sus bases la difusión roja de búsqueda y detención en su contra porque el caso estaría ligado a temas políticos.

“Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar o religioso” argumentó la Interpol.