EL SALVADOR.- El Juzgado 7° de Paz de San Salvador instaló esta mañana la audiencia inicial en contra del empresario del transporte colectivo, Catalino Miranda, y su hijo Adalberto Miranda, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de Venta a Precio Superior en perjuicio de los consumidores, vinculado al supuesto aumento ilegal del pasaje en las rutas 42 y 152.
En este proceso el abogado defensor del empresario, Rolando Aparicio, señaló que las autoridades le están atribuyendo este delito a su cliente con el fin de mantenerlo por más tiempo detenido, ya que también enfrenta otro proceso por el delito de resistencia y desórdenes públicos.
“Le han puesto un delito más como para irlo manteniendo más tiempo en detención realmente, porque la acción típica antijurídica punible que pudiese ser declarada culpable no existe en este tipo de diligencia; es más, el requerimiento viene diciendo que tuvieron como 100 denuncias en un call center del Viceministerio de Transporte (VMT) y de ahí fueron a verificar, y luego recibieron llamadas por correo electrónico y de todo ese tipo de circunstancias no hay ni una sola persona en la acusación que diga ‘mire a mi me cobraron tanto’. Eso no existe” señaló el abogado.
En ese sentido, reiteró que los señalamientos en contra del empresario “son situaciones meramente para tenerlo más tiempo detenido”.
La Fiscalía señala a Catalino Miranda por el delito de Venta a Precio Superior en perjuicio de los consumidores, por el supuesto aumento del pasaje en las rutas 42 y 152, en base al artículo 234 del Código Penal que dice lo siguiente:
VENTA A PRECIO SUPERIOR Art. 234.- “El que vendiere alimentos, bienes o prestare servicios a precios superior al que
constare en las etiquetas, rótulos, letreros o listas elaboradas por el producto o distribuidor o prestador de servicios, será sancionado con prisión de uno a tres años. Si el hecho se cometiere en época de conmoción o de calamidad pública, podrá aumentarse la pena hasta en una tercera parte de su máximo”.
Catalino Miranda fue enviado a prisión preventiva el pasado viernes 18 de marzo por la jueza Décimo de Paz de San Salvador por el delito de desórdenes públicos, y ese mismo día la Policía Nacional Civil (PNC) le notificó sobre la nueva orden de captura adicional, por el delito de venta a precio superior.
Ayer el abogado defensor presentó una apelación por la prisión preventiva decretada que deberá ser resuelta por la Cámara.
“El proceso anterior de desordenes públicos ya está en el Juzgado Tercero de Instrucción, dieron dos meses de instrucción y en dos meses las diligencias que pide Fiscalía es que se traiga a colación los antecedentes penales y policiales del señor Catalino Miranda, esas son las diligencias que van a hacer en dos meses, sin embargo el Juzgado no se va a pronunciar sobre la detención hasta que la Cámara tercera no resuelva la apelación que nosotros hemos presentado” sostuvo.
