EL SALVADOR.- El padre Antonio Rodríguez, quien formó parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Prevención se refirió esta mañana a la Policía nacional Civil (PNC) como la “pandilla nacional civil”.
“La gente de la calle y de las comunidades vulnerables y empobrecidas dice que hoy tenemos la pandilla nacional civil (por Policía Nacional Civil)” dijo el religiosos en la entrevista con Ernesto López donde realizó un análisis sobre la situación de seguridad pública y sistema judicial.
El religioso quien también es master en conflictología y experto en seguridad, realizó esta enfatizó es esta idea pues según sus últimas investigaciones realizadas en los territorios (comunidades marginales) más empobrecidos, señaló que esa es la opinión de la ciudadanía sobre la seguridad pública, la cual no es la más favorable.
En este sentido, el Padre Toño lamentó el papel de la Corporación policial en algunos sectores donde hay una alta presencia de pandilleros.
Dijo además que el país vive una gran vulnerabilidad por como algunos funcionarios manejan las instituciones.
“Seguimos con una política fracasada, el país en tema de seguridad no ha hecho ningún cambio, no hay un paradigma que me diga que va a reducir la violencia” denunció el religioso.
En este sentido, señaló que el nuevo gobierno debe tomar en cuenta tres elementos fundamentales: una ley de prevención, depuración de la PNC y lograr que la población rompa el círculo de la violencia.
El sacerdote español Antonio Rodríguez López Tercero, aceptó el 4 de septiembre de 2014, frente a un juez especializado contra crimen organizado, que había introducido dos teléfonos celulares a pandilleros encarcelados.
Esa aceptación bastó para que la misma Fiscalía General de la República (FGR) pidiera una pena mínima para López Tercero: dos años y medio de prisión.
En ese mismo acto, la Fiscalía fue más allá en su benevolencia hacia el religioso español: pidió que se le cambiara la pena de prisión, la cual de por sí era excarcelable por ser menor a tres años, a cambio de que el cura cumpliera algunas reglas de conducta, tales como no visitar los centros penales y no comunicarse de ninguna forma con miembros de pandillas.
El juez a cargo de la causa accedió a lo que la Fiscalía le solicitó. Y él fue más allá: resolvió que el sacerdote español podría pasar los dos años y medio bien en El Salvador o en España. Únicamente tenía que notificar dónde iba a cumplir la pena.
