El Estado de El Salvador no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, aunque está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo, dice el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre ese flagelo presentado este martes.
Por mandato del Congreso, el Departamento de Estado elabora anualmente el Informe sobre la Trata de Personas, en el que ubica a los países del mundo en tres grandes grupos. Los que cumplen con los estándares, los que no pero hacen esfuerzos para lograrlos (El Salvador, es uno de ellos) y los estados que no cumplen los estándares y no hacen los esfuerzos mínimos para combatir ese delito.
En la presentación este martes en Washington D.C. estuvieron el secretario de Estado, Rex Tillerson, e Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El Salvador es fuente, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, mujeres, hombres y niños son víctimas de trata con propósitos de explotación sexual y trabajo forzado, sostiene el reporte.
En la descripción por países, el documento dice: “El gobierno de El Salvador no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo”. El informe destaca que el gobierno “demostró incrementar sus esfuerzos comparado con el período anterior.
Entre esos esfuerzos se destaca las acusaciones en contra de un oficial de gobierno que se involucró en comercio sexual con una víctima de trata, aumentó la investigación de casos de trata, persiguió penalmente los delitos sexuales en perjuicio de menores y proveer servicios de ayuda a niñas víctimas.
Además, se promulgaron regulaciones para implementar la Ley contra la Trata de Personas de 2014, con el objetivo de fortalecer el trabajo entre diferentes instituciones estatales.
Críticas
Entre los señalamientos se dice que el Estado salvadoreño no cumple con los estándares mínimos en varias áreas clave. No se ha investigado y nunca se ha acusado ningún caso de trabajo forzado. Asimismo, debido a que el sistema judicial confía demasiado en los testimonios de las víctimas, lo que ha contribuido a que éstas enfrenten amenazas o represalias de los traficantes. Esta deficiencia mina los esfuerzos para que los traficantes sean responsabilizados de esos delitos. Otra crítica es que los servicios para niños, adultos y comunidad LGBTI víctimas de trata son severamente escasos.
El Estado no ha dado seguimiento de casos de años anteriores en los que haya complicidad oficial, lo que reduce los esfuerzos generales para combatir la trata de personas.
La legislación salvadoreña actual sobre la materia establece penas de entre 10 y 14 años para castigar los delitos de trata de personas, los cuales son iguales de estrictas comparadas con otros delitos graves, como violación. A pesar de que prohíbe todas las formas de trata de personas, la ley define ese delito de forma inconsistente con la legislación internacional: define a la fuerza, fraude y coerci{on como factores agravantes en lugar de elementos esenciales de la mayoría de casos de trata.
