Con 45 votos los diputados de la Asamblea Legislativa a excepción de ARENA aprobaron la redistribución de $74 millones provenientes del impuesto de la contribución especial a la telefonía para ser destinados a Seguridad y Convivencia.
Según los parlamentarios dichos fondos son para el fortalecimiento de instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR); la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y 10 municipios llamados “priorizados”. Sin embargo, una parte se ha destinado a Casa Presidencial.
De acuerdo con el dictamen los fondos serán asignados de la siguiente manera:
- $9.6 millones para ministerio de educación.
- $1 millón para educación universitaria.
- $4.1 millones pago de bono a militares.
- $4.1 millones secretaria de Gobernabilidad.
- $456 mil asignados a Secultura.
- $600 mil al Indes.
- $8.7 millones para INJUVE
- $450 mil para centros de alcance del Injuve.
- $500 mil para protección de víctimas PGR.
- $900 mil para prevención social y ejecución de plan cero grafitis.
- $1 millón para oficinas de atención a víctima.
- $7.5 millones para pago de bono trimestral para miembros de PNC, centros penales, OIE.
- $7.5 para centros penales.
- $7 millones para Fiscalía
- $6 millones acciones para persecución penal.
José Antonio Almendariz, diputado del PCN, detalló que “se está fortaleciendo a la FGR con $7 millones con el compromiso de completar $10 millones”, por el momento quedan pendientes 3 millones de dólares.
Los diputados de ARENA negaron sus votos porque consideran que no se ha priorizado los recursos para el rubro de seguridad, incluso cuestionaron que se haya otorgado fondos a otras instituciones que no brindan seguridad para el país.
El arenero Mauricio Vargas expresó que la FGR, PNC, Medicina Legal y FAES deberían de ser las primeras beneficiadas. Expresó que la apuesta estratégica debería ser a criminología, a ciencias forenses, a víctimas y a prevención primaria.
“En 8 años han habido 336 mil homicidios y en los 3 años de este gobierno van 10,800 desparecidos”, detalló destacando que el país esta en la época más sangrienta.
Agregó que se debe priorizar y proveer aunque sea del mínimo indispensable a instituciones que judicializan el delito. Por lo que recordó que desde un inicio la fiscalía pidió $80 millones para funcionamiento y no solo le recortaron fondos, sino que le dejaron déficit de $22 millones.
Dip @chatovargas2015 “FGR pidió $80 millones para funcionamiento y no solo le recortaron fondos, sino que le dejaron déficit de $22 millones
— Fraccion Legislativa (@ARENAfraccion) 8 de junio de 2017
El diputado mencionó además que “no se deberían de despilfarrar los recursos que nos hacen falta sin pensar en costos de violencia” y donde la deuda que sigue pendiente es usar bien los recursos.
Opinó que la inseguridad e intranquilidad van en aumento. “No vemos que se desarticulen maras, las extorsiones siguen”, dijo.
