Rodil Hernández y Nelson Rauda pasan a instrucción pero en libertad

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El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador instaló esta mañana la audiencia en contra del director y exdirector de centros penales, Rodil Hernández Somoza y Nelson Rauda, respectivamente, por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta.

En la resolución el juzgador decretó instrucción con medidas sustitutivas, es decir que van a continuar el procesado en libertad, contrario a lo que había solicitado la Fiscalía que pedía cárcel para ambos.

Por lo que deberán presentarse cada ocho días a firmar en los tribunales, no cambiar de domicilio y no salir del país, entre otras medidas.

La jueza justificó su decisión diciendo que la Fiscalía no logró evidenciar que podrían obstaculizar la investigación. Sin embargo, el caso pasa a la etapa de instrucción. “Realmente hubiera esperado señalamientos más específicos de la Fiscalía. Tampoco escuché cuantía”.

Bertha María Deleón, abogada de Rodil dijo que la Fiscalía debería de tener “mucho más cuidado para realizar los procesos y realizar la investigación bajo criterios de objetividad e imparcialidad”.

Aseguró que el detenido se someterá de manera “voluntaria”, pero que “es lamentable el proceso y el requerimiento contra el imputado pues no tiene reserva, hay muchos vacíos y una gran ignorancia, incluso errores de redacción garrafales”.

Por su parte, Rodil espera tener su trabajo cuando finalice el proceso que la Fiscalía sigue en su contra. “Tengo que ir a ver si todavía voy a tener empleo, yo espero que sí. Hasta el día de hoy lo tengo hemos presentado la constancia de mi empleador en la que dice que yo soy empleado de la Dirección de Centros Penales, de hecho la fiscalía en el requerimiento dice que yo podía ser localizado en mi trabajo, continuo siendo empleado del ministerio de Justicia y Seguridad y además que más prueba que aquí estoy presente en ningún momento he tratado de evadir el estar compareciendo ante la justicia”, se defendió.

Sobre el caso

Hernández Somoza fue detenido el lunes por la Policía Nacional Civil (PNC), luego que la Fiscalía General de la República girara la orden administrativa.

En total, el monto cuestionado es de $5,606,611.90. Según las investigaciones fiscales, Hernández Somoza y Rauda movieron dinero proveniente de las tiendas que están adentro de los penales.

Según el informe presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), los implicados se pagaban con los fondos de las tiendas carcelarias, “anticipos salariales, bonos, complementos salariales, compensaciones, gratificaciones salariales, honorarios profesionales, horas extras, indemnizaciones, préstamos, vacaciones, viáticos, recreación”.