La muerte del joven Juan Pernalete en Venezuela fue causada por el impacto de un cartucho de lacrimógena disparada directo al pecho en una manifestación opositora el pasado 26 de abril, manifestó la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, a medios internacionales.
Ante este hecho, recalcó que disparar bombas lacrimógenas directamente a los manifestantes está prohibido y “es letal”.
La fiscal aseguró que del hecho tenían cinco testigos y que estaba identificado el grupo responsable de hacer el disparo, por lo que en los próximos días se sabrá quién es el responsable directo.
Ortega, además, condenó la “represión excesiva” de los cuerpos de seguridad del Estado, al tiempo que señaló las detenciones ilegales de manifestantes y la actuación de grupos violentos en las protestas. “No es momento para instrumentalizar la muerte”, sostuvo.
La fiscal informó que hay 19 funcionarios policiales y militares que han sido imputados por presunto asesinato y trato cruel y hay 18 órdenes pendientes por ejecutar, contabilizando 52 civiles y tres oficiales policiales muertos en las protestas.
Confirmó también que el Ministerio Público se encuentra investigando todos los casos derivados de los hechos de violencia de las últimas semanas, recalcando que llevan al frente 1,475 investigaciones, de las cuales 1,329 son por delitos comunes y 150 por daños a la propiedad.
No dudo en confirmar que hay más de 500 lesionados por derechos fundamentales y que más de la mitad de las personas que han sido lesionadas han sido por el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado.
El resultado de la investigación desvelado por la titular del Ministerio Público contraría la versión del Gobierno venezolano que aseguró el pasado lunes que la víctima murió por el impacto de “un arma no convencional”, responsabilizando a los propios opositores de la muerte del estudiante.
