Las evidencias presentadas en la audiencia preliminar contra 22 acusados en el caso tregua entre pandillas apuntan a que ese controversial mecanismo para reducir los homicidios fue una política gubernamental que contaba con la anuencia del entonces presidente Mauricio Funes y su ministro de Seguridad, David Munguía Payés.
Este viernes se cumplen tres días de la audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador, que deberá decidir si mediadores, exfuncionarios penitenciarios y oficiales policiales van a juicio o son absueltos.
La Fiscalía General de la República, a través de sus fiscales específicos ha calificado la tregua como “oscura”. La FGR ha presentado pruebas de que Raúl Mijango y otros llamados mediadores y los cabecillas de las dos principales pandillas eran los únicos beneficiados.
El excomandante guerrillero dijo el jueves que la tregua era una “política pública”, dejando entrever que tenía el aval del gobierno. “Aquí lo que se está buscando es criminalizar una política pública que tenía un propósito… y el propósito era reducir violencia y lo logramos hasta hoy ese proceso sin recursos sigue siendo el más exitoso de los esfuerzos que se han hecho en este país para reducir violencia”, aseguró.
Entre las numerosas acusaciones está la introducción de celulares para los pandilleros. Esos teléfonos les eran entregados a cambio de las armas.
“La misma pandilla daban los teléfonos celulares y las armas, y cuando entraban los mediadores de la tregua introducían los teléfonos celulares con la anuencia de los directores de los penales”, dijo uno de los fiscales del caso.
En el proceso se ha detallado, aunque ya se conocía el caso, la cantidad de televisores, equipos de sonido, cigarrillos, colchonetas, discomóviles, orquestas y bailarinas que ingresaron a los diversos centros penales, incluso el de máxima seguridad en Zacatecoluca.
En cuanto a Mijango, la FGR ha presentado documentación para probar que se le asignó un vehículo y que recibía pago a través de las tiendas institucionales de los penales.
Además, según publicó este viernes La Prensa Gráfica, Mijango participó en dos reuniones en un rancho de playa en 2012 con miembros de pandillas para hablar sobre la tregua, que fueron pagadas con fondos de un programa para jóvenes del Ministerio de Justicia y Seguridad.
El abogado Luis Mario Pérez, defensor de un jefe policial, ha reiterado que se está juzgando a personas en el nivel operativo y no a quienes tenían el poder de decisión.
“Los que ordenan, coordinan, no están siendo procesados, solo los que ejecutaron”, afirmó.
Pérez afirmó que desde las altas esferas del gobierno lo que se buscaba era “rédito político”. Aunque Funes siempre se desmarcó de la tregua como una política apoyada por el gobierno, sí destacaba la baja de homicidios en ese período.
