Los abogados defensores del empresario Enrique Rais brindaron conferencia de prensa para exponer lo que auditorías internacionales de abogados españoles de prestigio internacional han determinado sobre el proceso que se le sigue a su defendido.
Con documentos en mano del peritaje realizado por la firma internacional, José David Campos Ventura, Hernán Cortez y Silvia de Bonilla explicaron lo que consideran son “ilegalidades, irregularidades y falsedades documentales hechas por la Fiscalía General de la República”, con las cuales “montaron” el caso contra el empresario.
Campos Ventura hizo una presentación que denominó “El escándalo Watergate de El Salvador”, señalando las irregularidades desde que fue capturado el empresario. “Hubo ilegalidades desde su captura hasta la fabricación de documentos, escuchas telefónicas ilegales y en las cuales jamás se menciona el nombre de Enrique Rais, y además lo grave de que hubo ruptura en la cadena de custodia”, reiteró el abogado.
A pesar de que las grabaciones se encontraban selladas y a disposición del Juez Miguel Ángel García Argüello en el Centro de Intervención a las Telecomunicaciones de la FGR, dice la auditoría, como es que Will Walter Ruiz Ponce tuvo acceso a los audios y mandó a editarlos para presentarlos como indicios e iniciar un proceso judicial contra el empresario Rais, aunque nunca se menciona su nombre en las escuchas.
De acuerdo con la auditoría internacional explicada por Campos Ventura, se dieron cuatro violaciones a la cadena de custodia. Además, “vulneraron evidencia embalada, pues nunca hubo autorización judicial para desembalar el requerimiento fiscal”, externó, al tiempo que afirmó que son varios fiscales y algunos jueces que violaron dicha cadena, de lo que presentó pruebas en su presentación en un hotel capitalino.
Por su parte, Silvia de Bonilla dijo que “como pudo aseverar una ingeniero de la fiscalía, Granados Ponce, que hubo comunicación con Enrique Rais, en las intervenciones telefónicas, si según se establece de esas intervenciones que nunca se mencionó el nombre de él, ni estuvo legalmente intervenido”.
El abogado Cortez cuestionó que los “mismos fiscales aceptaron que escucharon los supuestos audios, lo cual es ilegal según la ley de escuchas telefónicas”.
“Las citadas escuchas no debieron estar en poder del jefe del Crimen Organizado, Will Walter Ruiz, ya que el 14 de abril de 2015 el jefe del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, Sigfredo Campos Crespo, rindió un informe en el que le notificó al Juez Séptimo de Instrucción que ponía a su disposición ‘debidamente embalado, rotulado, sellado y enumerado como evidencia’ las grabaciones de las llamadas telefónicas del licenciado Wilfredo Ernesto Gutiérrez y el ex juez Romeo Aurora Giammattei por un caso de amenazas contra el exfiscal general de la República, Luis Martínez, que no tenía relación con su representado”, externaron los abogados mostrando documentos.
Otra ilegalidad señalada por los abogados es que el número de teléfono 7112-8148 presentado como el involucrado en las escuchas no pertenece al licenciado Wilfredo Ernesto Gutiérrez como indicó la representación fiscal, sino que al abogado Francisco Suriano García, que no es cliente de ellos, “de modo que además de basar el caso en evidencia recogida ilegalmente, la misma es falsa pues las declaraciones no son las del procesado”. “Esto es evidencia de una falsedad documental de un fraude procesal incluso que ha sido denunciado en su momento”, reiteró el abogado defensor.
Los defensores nuevamente señalaron la malicia y omisión del juez octavo de instrucción, Mario Mira Montes, de conocer todas las falsedades, ilegalidades e irregularidades desde la captura “sin pruebas” del empresario hasta la presentación de requerimiento y tal como sigue el proceso actualmente.
Ilegalidades en captura
Campos Ventura mencionó como la Fiscalía emitió órdenes de captura basados en supuestas declaraciones de testigos, pero en los documentos fiscales o actas de entrevistas dichos testigos declararon después de la captura. “Los testigos, que son de la misma fiscalía, aparecen en las actas de las entrevistas de fechas 23 y 24 de agosto de 2016, cuando los arrestos se produjeron el 22 de ese mismo mes, es decir dos días antes”, confirma el abogado.
“No tenían las entrevistas de los supuestos testigos cuando se realizaron las capturas y a sabiendas que habían defensores nombrados tampoco se nos notificó para participar en las entrevistas que manda la ley”, y fue debido a que los testigos de la FGR son empleados del ministerio público resaltó además.
De Bonilla exigió al fiscal general, Douglas Meléndez, que “cumpla con su mandato constitucional y presente las pruebas de descargo a favor del empresario y que no nos mande a apresar, no nos llame abogados trinqueteros, al contrario llámenos abogado valientes”.
