Por tercer día consecutivo se desarrolla la audiencia preliminar en contra de los 22 implicados en el denominado caso tregua entre pandillas, orquestado en el 2012, cuando gobernada el expresidente Mauricio Funes Cartagena, y David Munguía Payés estaba a cargo del ministerio de Seguridad y Justicia.
Los delitos que se les atribuyen a los 22 imputados son agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica, introducción de objetos prohibidos, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
Solo siete gozan de medidas alternas a la detención, el resto está en prisión provisional. La Jueza Especializada de Instrucción A, decidirá este día si los imputados son enviados a juicio o no y si continuarán gozando de las medidas sustitutivas.
Entre los implicados están el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, Raúl Mijango, mediador de la tregua entre pandilleros; y Juan José Zepeda Mejía, exdirector del penal de Izalco. Así como los oficiales de la Policía, comisionado Óscar Antonio Aguilar Hernández; inspector Luis Alonso Aguilar y Subinspector Juan Castillo.
Mijango defendió el controvertido pacto, justificando que se trató de una “política pública”, es decir, que contó con el apoyo del Gobierno. Mientras que Luis Mario Pérez Bennet, abogado de uno de los implicados, aseguró que con la tregua “se buscaba rédito político”, y que además “los que ordenan, coordinan, no están siendo procesados, solo los que ejecutaron”.
La Fiscalía General de la República (FGR) en la acusación menciona a Funes y Munguía como principales coordinadores de la tregua. Por su parte, el expresidente quien siempre reacciona en su cuenta de Twitter ha evitado opinar al respecto
Autoridades pactaron con pandilleros para entregar armas
Según el ministerio público, las más de 400 armas de fuego que entregaron los pandilleros a las autoridades no se trató de un acto momentáneo, sino que de un pacto con los suboficiales de la Policía.
“Cuando entraban los mediadores de la tregua a los centros penales les introducían los aparatos celulares con la anuencia de los directores”, acusó el fiscal del caso.
Las autoridades han confirmado que la mayoría de las órdenes para asesinar, secuestrar o extorsionar salen de los centros penales, incluso del de máxima seguridad, Zacatraz.
