Por el delito de financiación electoral ilícita, La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala admite trámite al desafuero contra el presidente Jimmy Morales
El máximo tribunal, en un pleno extraordinario realizado este lunes, allanó el camino para que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pueda ser despojado de su inmunidad y, en consecuencia, ser investigado por delitos relacionados con el financiamiento irregular de la campaña política que lo llevó al poder.
Los magistrados analizaron las cuatro solicitudes planteadas y aceptaron dar trámite a la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público (MP) el pasado 25 de agosto y la Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG) en contra del mandatario, que ganó los comicios de 2015.
Mientras que las otras tres acciones, planteadas por la Fundación Myrna Mack, Acción Ciudadana y por cuatro ciudadanos a título personal, fueron rechazadas.
El vocero de la CSJ, Ángel Pineda, ha explicado que de forma “inmediata” se enviará al Congreso (Legislativo, unicameral) el expediente relacionado con Morales para que sea este poder del Estado en donde continúe el proceso correspondiente.
Y, en cuanto a la votación de los magistrados, ha indicado Pineda, “no le trasladaron esa información” y desconoce si esta fue unánime.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha frenado la decisión del presidente del país de expulsar a un magistrado que pidió investigarlo por corrupción.
Conocido el dictamen de la CSJ, el expediente debe ser enviado al Congreso donde para alcanzar el desafuero, los legisladores deberán votar por mayoría calificada (105 de los 158 escaños) si despojan o no al mandatario de ese privilegio.
Mientras tanto, en las afuera del Palacio de Justicia se lleva a cabo un plantón por parte de integrantes de diferentes organizaciones. Con gritos de “Jimmy Morales, a los Tribunales”, los manifestantes exigen el retiro de la inmunidad al mandatario y que sea sometido a investigación.
Otra de las peticiones es que el pleno de magistrados se realice de forma transparente, que sea público y que exista “justicia pronta y cumplida”. Además, los manifestantes destacan que el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, ha contribuido para que haya avances en la lucha contra la corrupción y impunidad y por lo tanto señalan que debe seguir trabajando en el país.
