El accidente en el que fallecieron 71 personas, entre ellas la mayor partea del equipo de fútbol Chapecoense, a finales de 2016, sigue planteando interrogantes que hasta ahora nadie ha querido responder con claridad.
De acuerdo con unos documentos a los que tuvo acceso la cadena CNN, la póliza de seguro contratada por la compañía aérea boliviana LaMia no estaba en vigor en el momento del accidente de su aeronave en Cerro Gordo, en el departamento colombiano de Antioquia, el pasado 28 de noviembre, por el que falleció la mayoría de la plantilla y el cuerpo técnico del equipo de fútbol brasileño Chapecoense.
Según una carta remitida el pasado 21 de febrero por la compañía de seguros Bisa a los gerentes de LaMia, la póliza estaba suspendida por impago desde inicios de octubre del mismo año. Es decir, el seguro no estaba vigente en el momento del accidente.
Aún así, la aerolínea LaMia consiguió autorizaciones para volar a Colombia en al menos ocho ocasiones, según los historiales de vuelo.
Sin embargo, el vuelo que causó la tragedia tenía como origen el aeropuerto boliviano de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, y como destino el aeropuerto de Río Negro, en las cercanías de Medellín.
Según Omar Durán, abogado boliviano especializado en aeronáutica, “la Dirección General de Aeronáutica Civil, como tal, tiene toda la responsabilidad de hacer esta fiscalización a cualquier aeronave. Y aun más a las aeronaves que son de uso no regular”, como era el caso del avión siniestrado.
En el mismo sentido se pronunció Fredy Gutierrez, letrado colombiano especialista en litigios relacionados con seguros: “Lo que veo en este caso es que hay una doble omisión, por parte de las autoridades de dónde salió el vuelo (Bolivia) y por parte de las autoridades a donde llegó el vuelo (Colombia). Entonces, si ha habido un accidente, esos familiares pueden demandar a esos dos países”.
La ley aeronáutica boliviana 2902 establece en sus artículos 121 y 123 que la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el ejercicio de sus poderes como máxima autoridad aeronáutica, tiene la atribución de fiscalizar estas irregularidades e incluso de suspender las actividades de una compañía que no mantiene su seguro en regla.
Por su parte, la autoridad de Aviación Civil colombiana (Aerocivil) también tiene la prerrogativa de controlar que los vuelos que aterrizan y despegan de sus aeropuertos tienen la documentación al día, incluida una póliza de seguro con cobertura en su territorio. No era el caso del avión que transportaba al Chapecoense.
Esta compleja situación ha llevado a dos diputadas bolivianas opositoras a pedir explicaciones por escrito a los ministros de Economía y Finanzas, Luis Arce, y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros, del Ejecutivo de La Paz.
“¿Qué credibilidad tiene Bolivia en este asunto? Queremos mostrarle al mundo que somos capaces de descubrir la verdad. Queremos demostrar que Bolivia no es un país que tiene cosas ocultas. Y si el Gobierno y el país tienen que admitir que han sido culpables, lo vamos a llevar a cabo”, asegura Erika Justiniano, diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
“Si el Gobierno boliviano se ha creído que le ha echado tierra encima a este tema, nosotras consideramos que no. Creemos que aquí se han puesto de acuerdo, que hay un silencio cómplice entre los Gobiernos de Colombia y Bolivia”, añade la diputada Norma Piérola, correligionaria de Justiniano.
CNN ha entrado en contacto con el Ministerio de Obras Públicas de Bolivia y con las autoridades aeronáuticas de Colombia para pedirles sus reacciones ante esta situación. Ambos Gobiernos han declinado hacer comentarios al respecto. Responsables de la aseguradora Bisa han confirmado a CNN la veracidad de la documentación a la que esta cadena ha tenido acceso.
