El flagelo de la corrupción le sale caro a Perú, pues le cuesta más de 3,600 millones de dólares según informa un reciente informe de la Defensoría del Pueblo.
Por día, el estudio detalla que la corrupción le arranca unos 10 millones de dólares a Perú. Una situación que, en últimas, termina por afectar el bolsillo de los ciudadanos pues el precio de la corrupción asciende al 10% del presupuesto nacional por año.
A la cabeza de las regiones con más casos de corrupción aparece Lima con más de 6,205 casos. Está seguida por Ánchash con 2,771 casos y Junín con 2,261. En contraste, las regiones con menos expedientes por este flagelo son Callao (415), Huancavelica (454) y Madre de Dios (493).
Entre los delitos propios de la corrupción se encuentran peculado, colusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, malversación, cohecho (que puede ser activo o pasivo) y concusión.
El 50% de los casos en trámite a nivel nacional son por cuenta del peculado (36%) y la colusión (14%). Estas dos infracciones sumaron 16,292 casos. El tercer delito más frecuente es el cohecho.
“La corrupción de nuestro tiempo, globalizada y en contubernio con el sector privado se ha convertido en una de las principales amenazas de la democracia y la gobernabilidad, en la medida que su accionar afecta los derechos humanos de millones de personas”, escribió en el prólogo del reporte el defensor del Pueblo Wálter Gutiérrez Camacho.
El funcionario destaca que ese dinero serviría para alimentar largamente a todos los pobres del país.
De hecho, como lo publicó en Twitter la entidad que dirige, con el dinero que se lleva el desfalco a las arcas públicas se podría financiar por tres años los programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para las personas en situación de extrema pobreza.
Esto se suma a la carga que representa para el Ministerio Público y el Poder Judicial: hasta el 31 de diciembre de 2016 había 32.925 casos relacionados con corrupción cursando en la justicia. Una cifra que contrasta de golpe con las 1,284 sentencias que logró la Fiscalía en primera instancia durante el año pasado, de las cuales el 83% son condenatorias.
Del total de expedientes que están en proceso, casi el 40% (12,848 casos) están en la fase de diligencias preliminares, cifra seguida por el 15.6% (5,162 casos) que se encuentran en la investigación preparatoria formalizada, dice el informe.
También Perú salpicado con Odebrecht y apenas es la punta pequeña del iceberg
Ahora, también sorprende que de los casi 33,000 casos, apenas 27 están relacionados con Odebrecht, aunque el escándalo todavía está fresco en la memoria del país y de las autoridades. La constructora brasileña ha admitido haber entregado 29 millones de dólares en sobornos para funcionarios de Perú.
“Del total de casos relacionados a Odebrecht, más del 48% está en etapa de investigación preliminar, mientras que en más del 18% se ha formalizado la investigación preparatoria”, indicó la entidad.
El defensor definió la corrupción como “una lacra que hace mucho se ha institucionalizado, echando raíces profundas en todas las instancias del aparato estatal”. Prueba de ello, el informe de la entidad cita a su vez un reporte de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción publicado durante las elecciones regionales y municipales del 2014.
La pesquisa de la Procuraduría reveló que el 92% de los alcaldes (1,699 de 1,841) estaban siendo investigados por delitos contra la administración pública: peculado, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión. Y el hallazgo no se quedó ahí: más del 50% de los alcaldes provinciales y distritales bajo indagación, se estaban postulando para ser reelegidos.
Pero el ejemplo de sus antecesores tampoco es de resaltar: 429 exalcaldes provinciales y 1,326 exalcaldes distritales estaban siendo procesados por los mismos delitos. “De acuerdo con la Procuraduría, Áncash era la región con mayor cantidad de funcionarios investigados (46 alcaldes provinciales y 146 distritales). Le siguen La Libertad (42 alcaldes provinciales y 80 distritales) y Cusco (41 alcaldes provinciales y 96 distritales).
¿Cuáles son las instituciones más afectadas?
Según la Defensoría del Pueblo, las municipalidades distritales se llevan la peor parte de la corrupción con 8,994 casos, seguida de las municipalidades provinciales (4,985), la Policía Nacional de Perú (3.840), los gobiernos regionales (3.349) y los Ministerios del Estado (2.405).
“Mientras las malas prácticas se van haciendo más frecuentes, la capacidad del Estado para frenarle el paso parece verse reducida. No por nada la corrupción es considerada uno de los principales problemas que enfrenta el país. La ciudadanía desconfía de la autoridad y de las instituciones, y de la efectividad del sistema de justicia para luchar contra la corrupción”, insistió la Defensoría.
Una aseveración que coincide con el desempeño de Perú en el último Índice de Percepción de la Corrupción publicado por la Organización para la Transparencia Internacional, que mide cómo sienten los habitantes de los países los niveles de este flagelo. La escala del puntaje va de 0 a 100, siendo 100 cuando la percepción de corrupción es nula. Perú quedó de 101 entre 176 naciones, con una percepción de 35. Es decir, que la confianza es muy baja.
El plan del Gobierno para enfrentar la corrupción
Ayer, en el marco del aniversario del Ministerio Público, el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció mayores recursos económicos para la entidad. Por ahora, se destinarán 45 millones de soles (13.7 millones de dólares) al Instituto de Medicina Legal para construir una nueva morgue en Lima y 14 millones de soles (4.27 millones de dólares) para terminar la sede de la Fiscalía en Arequipa, como reportó antes. Eso sí: el mandatario resaltó que ha respetado la independencia del Ministerio Público a la hora de investigar el escándalo de la constructora Odebrecht y recordó el presupuesto que se le giró en enero pasado para este caso.
Después el presidente sostuvo que el país necesita de un buen sistema de justicia, que se caracterice por su fuerza, transparencia y debido proceso, según lo reportó la agencia de noticias peruana Andina. Y añadió que es clave la simplificación y digitalización de los procesos digitales.
Por su parte, el titular del Ministerio Público Pablo Sánchez Velarde aseguró también este viernes que las investigación sobre Odebrecht avanza “a pie firme”. Durante su discurso en el evento de aniversario de la entidad, el funcionario indicó que “no habrá intocables ni impunidad” y se aplicará la “ley caiga quien caiga”. En ese sentido, destacó algunos logros como el hecho de que se aseguró “que la empresa Odebrecht, como persona jurídica, asuma sus responsabilidades, por lo que hemos inquirido que entreguen información relevante, sin ningún tipo de condicionamientos”.
