Las noticias no son halagüeñas para los inmigrantes en Estados Unidos que están amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). Oficiales del Gobierno de ese país están indagando sobre delitos que hayan sido cometidos por ciudadanos de Haití, así como los que hayan utilizado ayuda pública, en momentos en que la administración del presidente Donald Trump valora si extiende ese beneficio migratorio para unos 50,000 haitianos, extendido luego del devastador terremoto que destruyó ese país caribeño en enero de 2010.
La agencia de noticias Associated Press publicó el martes que obtuvo en exclusiva correos electrónicos de que oficiales del gobierno estadounidense están buscando evidencias más allá de los criterios habituales.
“Normalmente la decisión depende de si las condiciones en el país de origen de los beneficiarios ha mejorado, pero los correos electrónicos sugieren que (el secretario de Seguridad Nacional, John) Kelly está viendo también otros criterios”, dice la nota de AP.
La decisión debe anunciarse este mes sobre una terminación o continuidad del programa, pero un memorándum interno del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocido hace varias semanas, recomendó la finalización del TPS para haitianos. De inmediato, un grupo de congresistas estadounidenses envió una carta al gobierno advirtiendo de las consecuencias que tendría para Haití la deportación de miles de sus compatriotas.
¿Por qué esa noticia es relevante para El Salvador?
Cerca de 188,000 compatriotas están inscritos en el TPS, un beneficio concedido en marzo de 2001 y que ha sido prorrogado en once ocasiones. Sin embargo, su continuidad está cada vez más en duda, en primer lugar por la política más dura de la administración Trump en cuenta a la inmigración indocumentada.
En segundo lugar, Trump y su secretario de Justicia, Jeff Sessions, han puesto su atención en los asesinatos cometidos por la mara MS-13 en Long Island, Nueva York. Muchos de sus integrantes son salvadoreños, así como sus víctimas.
El Departamento de Seguridad Nacional debe, por ley, hacer un anuncio en el caso del TPS para El Salvador en enero de 2018.
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, no ha descartado la posibilidad de que el beneficio no sea renovado, para lo cual habló el martes pasado de buscar otras alternativas.
Entre esos aspectos destaca el temor de activistas pro inmigrantes de que la visión de Trump y Sessions de detener y deportar a inmigrantes criminales pueda afectar a otros que no han tenido problemas con la ley, algo que ya está ocurriendo con las llamadas redadas.
Luego del anuncio sobre Haití, sigue otro sobre Honduras, que goza del TPS desde 1999, luego de la devastación del huracán Mitch, en octubre de 2008.
