EL SALVADOR.- El exdirector del Centro de Escuchas de la Fiscalía General de la República (FGR), Sigifredo Alcides Campos Crespo, realizó una confesión inesperada ante el juez 5º de Paz en el caso Raís-Martínez.
Ante el juez, Campos Crespo declaró que sin autorización del fiscal general Luis Martínez, se tomó atribuciones de escuchas telefónicas y que decidió no informar nada, cometiendo un grave delito al obtener de forma ilegal dichas escuchas, pues no contaba con la autorización de un juez, como manda la ley.
“A partir de este momento, yo voy a asumir la responsabilidad y las consecuencias que se generen producto de esa ampliación que vamos hacer, y yo no le voy a informar al fiscal general en turno sobre esa ampliación”, declaró Campos Crespo ante el tribunal.
Con dicha declaración, el exdirector Campos Crespo reconoció judicialmente que decidió ampliar las escuchas telefónicas por su cuenta y riesgo para incriminar tanto al empresario Enrique Rais, como al ex fiscal Martínez.
Un caso que se fabricó con esa ilegalidad
Con esas escuchas obtenidas ilegalmente, el exfiscal general Douglas Meléndez montó un proceso en contra de Martínez y del empresario Enrique Rais.
Pero eso no es todo, en dichas escuchas telefónicas no existe un teléfono del empresario Rais, y así lo reconoció y declaró una técnico fiscal ante un juez de Cámara y que consta en el expediente judicial.
La técnica fiscal se limitó a decir al juez “perdón señor juez, nos equivocamos”. Sin embargo, esta equivocación mantiene desde hace tres años a Martínez en la cárcel.
Agrego a lo anterior, cabe destacar que estas escuchas telefónicas obtenidas ilegalmente por Campos Crespo ya estaban vencidas, pues datan de 2014 y la ley del Centro de Escuchas determina que al no utilizarse en un periodo de seis meses deben ser destruidas. Las escuchas vencieron en abril de 2015.
También consta en el expediente que la ingeniero Ena Maricela Granados remitió un informe en el que hacía constar que los audios que sirvieron para enjuiciar a Rais y Martínez habían sido “seleccionados” lo que indica que habían sido manipulados. Aparecen escuchas que fueron realizadas 48 horas antes de que fueran solicitadas al juez.
Sin embargo, el ex fiscal general Douglas Meléndez decidió montar el caso dos años después –violando la misma ley del Centro de Escuchas- y presentarse como “el paladín contra la corrupción”. También obligó a fiscales y empleados de la institución a ser testigos criteriados para fabricar con pruebas y declaraciones falsas el caso “Corruptela”.
El fiscal general actual, Raúl Melara, cuenta con todas esas evidencias de ilegalidades, y conocedor de la ley –la cual ha jurado respetar y hacer cumplir-, debe tomarlas en cuenta y actuar con apego a las leyes de la república.
