El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, defendió su postura de proponer que la gente se arme y se defienda, ante los niveles de violencia que enfrenta el país.
El titular del Órgano Legislativo incluso se refirió a una comunidad en particular a la cual él le ha dado dinero y armas de fuego, según él, “bajo todas las condiciones legales”. “A la comunidad que visité les he ayudado, bajo todos los controles y registros que tiene el Ministerio de Defensa”.
Sin embargo, esto ha sido duramente criticado por monseñor José Luis Escobar Alas, así como el ministro de Seguridad y Juticia y el ministro de la Defensa. A ellos se sumó la procuradora de Derechos Humanos.
Pdte. @GGallegos24: “No hay, ni habrá ley que impida a otra persona la posibilidad de defenderse”.
— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) 8 de mayo de 2017
“Creo en la necesidad de que la gente se pueda organizar en autodefensas comunales. La legítima defensa es una excluyente de responsabilidad penal. Yo estoy a favor de que la gente pueda autodefenderse no veo ningún inconveniente de que ciudadanos tengan su arma para defenderse”, defendió Gallegos en la entrevista de Hechos.
Sin embargo, dijo que la facilitación de armas a la población no es para crear grupos de exterminio, ni son grupos de limpieza social, sino que son “grupos de defensa de sus colonias”.
Por su parte, el Arzobispo de San Salvador manifestó ayer desconocer sobre casos de comunidades que se armen para autodefensa, pero advirtió que no es conveniente armarlos. “Las armas las deben manejar las autoridades, solamente ellos y no la población”, sostuvo Alas.
El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, agregó que desconocía que Gallegos estuviese apoyando y dando financiamiento para que las comunidades se armen. “Estamos discutiendo sobre los grupos de autodefensa comunitaria. No se ha definido”, dijo Payés.
El año pasado, circuló la versión que el mismo vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, habría promovido la noción de que los salvadoreños se armaran para autodefenderse. Luego de muchas críticas, el Gobierno retrocedió con esa postura.
Para el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto y el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde no es correcto de dotar de armas de fuego a las comunidades y justifican que no hay un consenso legal que permita dicha acción.
“No se puede hablar de un grupo de autodefensa si no se ha regulado con la ley. Es algo bastante delicado y bastante peligroso”, afirmó Cotto.
“Hay que tener mucho cuidado, y mientras esto no suceda no es legal y serán consideradas como estructuras de exterminio”, agregó.
“Voy a proponer que los fiscales puedan tener acceso a armas decomisadas”
El presidente de la Asamblea manifestó que va a proponer un proyecto de decreto para que las armas decomisadas puedan ser proporcionadas a fiscales para garantizar su seguridad.
“Me comentaban que en un solo juzgado tienen decomisadas 272 armas, estas pueden ser entregadas en depósito. Voy a proponer que los fiscales puedan tener acceso a estas armas para que puedan protegerse”, prometió Gallegos.
