EL SALVADOR.- El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dio a conocer este martes el resultado de las primeras auditorías financieras realizadas a gestiones anteriores de la Asamblea Legislativa, las cuales arrojan que el expresidente de la institución, Sigfrido Reyes, no habría justificado $17 millones provenientes de dinero público.
De acuerdo con el diputado Castro, se han realizado cuatro tipos de auditorías: de gestión, de recursos humanos, legal y financiera, que abarcan tres periodos, es decir nueve años atrás.
Fue en las auditorías financieras que los auditores habrían realizado los primeros hallazgos durante el periodo presidencial del exdiputado del FMLN, prófugo de la justicia y radicado en México.
“Son los primeros avances recibidos de estos ‘datos curiosos’ y tiene razón de huir (Reyes), porque sabe lo que ha hecho”, dijo Castro. “Son $17 millones sin justificación alguna”, añadió.
Según las investigaciones, en la administración del exdiputado de izquierda se gastaron $2 millones en concepto de “servicios”, pero no habrían actas que respalden en qué se invirtieron los fondos.
“Se contrató como consultoría, como asesoría; se facturaba y pagaba, pero no se recibía nada a cambio, no hay ni un solo papel que lo constate”, explicó el funcionario.
En ese sentido, aseguró que, de manera formal, presentarán la información a las instituciones correspondientes para que inicien las investigaciones.
Reyes actualmente enfrenta dos procesos judiciales: uno civil por presunto enriquecimiento ilícito y otro de carácter penal, debido a que la Fiscalía le atribuye cargos de lavado de dinero.
Los hallazgos
Los datos revelan que durante la presidencia de Sigfrido Reyes en el Órgano Legislativo se presupuestaban anualmente $15 millones solo para el pago de primas de seguros.
“El juego era presupuestar más, ocupar menos y el sobrante lo utilizaban para contratar activistas. Hacían contrataciones de personas que muchas no trabajaban acá, las llamadas plazas fantasma”, declaró el presidente Castro.
Él afirmó que el dinero sobrante podría ser destinado para enriquecer los bolsillos de los exdiputados o para promover a sus partidos políticos cuando se acercaban elecciones.
Además, los exdiputados habrían creado un mecanismo para aumentar sus ingresos a parte del salario legal pagado por la institución. Este modelo era a través de los viáticos.
“Se ha identificado el desembolso de $3 millones solo en viáticos y muchos de ellos no están justificados, muchos de ellos son auto invitaciones que los exdiputados se hacían. No hay papeles que los sustenten, era solo el hecho de ver cómo sacaban un sueldo extra y eran bastante jugosos los salarios que obtenían a través de esta artimaña”, aseguró el funcionario.
Adicionalmente, se gastaron alrededor de $110 mil en fiestas navideñas y no hay evidencia de si fueron utilizados para los empleados o en las casas de los exdiputados.
Asimismo, la auditoría ha recogido información sobre la erogación de casi un millón de dólares en vales para combustible para uso de los exdiputados.
Entre los hallazgos, también figura la contratación directa a una empresa relacionada con la exministra de Educación, Darlyn Meza, y vinculada al partido ARENA.
“Son alrededor de $137 mil lo que se le adjudicó de forma directa, sin ningún proceso”, dijo el presidente Castro.
Según el diputado, los exfuncionarios también planeaban enriquecerse con la demolición del edificio de la Asamblea, por, supuestamente, estar en “condiciones inhabitables”.
“Comenzaron a poner pretexto de lo que se necesitaba hacer. Querían demoler el edificio, decían que se iba a caer en el próximo temblor. Hemos efectuado tres estudios (en el edificio) y no está para demolerlo, sí se tiene que reforzar y mejorar”, apuntó.
Los anteriores legisladores habían proyectado y aprobado un presupuesto que ronda los $80 millones para los trabajos en el edificio, no obstante, según estudios realizados en esta gestión solo se necesitan unos $20 millones para reforzar la estructura.
Dijo que solo el FMLN gastaba alrededor de $234,000 al año en alquiler, y ARENA un poco más de esa cifra. Además, invertían en la infraestructura y mejoramiento de estos edificios que no eran propiedad del Estado, sino privada.
Se prevé que tanto la auditoría financiera como la de gestión, de recursos humanos y la legal concluyan al finalizar febrero del 2022.
