La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, La Libertad, dio por admitida la demanda civil presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exfiscal general de la república en el periodo de diciembre de 2012 a diciembre de 2015, Luis Antonio Martínez González, su esposa Carla Francesca García Rossi de Martínez y su hijo Luis Carlos Martínez García.
Luego de realizar el respectivo examen de admisibilidad sobre la demanda presentada por la FGR en julio de 2017, determinó que esta cumple las formalidades requeridas por la ley para que esta entre a conocimiento de dicha pretensión.
También ratificó las medidas cautelares adoptadas por la CSJ en pleno, mediante la resolución pronunciada en noviembre de 2016 que consisten en la inmovilización de cuentas de ahorro y la restricción de transferencia de varios vehículos automotores y la anotación preventiva de varios inmuebles ubicados en diferentes zonas del país, para lo cual la Cámara libero los oficios correspondientes a efecto que se mantengan las medidas cautelares que fueron adoptadas por la CSJ en noviembre de 2016.
La Cámara ordenó la anotación preventiva de la demanda sobre varios inmuebles a nombre de Luis Martínez González y Carla Francesca García Rossi. Por lo que la Cámara manda a citar, notificar y emplazar a los demandados para que contesten la demanda en un término de 20 días de conformidad a los artículos 283 y 284 del CPCM.
En este caso, la demanda civil por enriquecimiento ilícito contra el ex fiscal general Luis Martínez, su esposa Karla García Rossi de Martínez y su hijo Luis Carlos Martínez García, es por un monto de $486,213.80. Este proceso judicial inició en enero de 2017, luego que la Corte Suprema de Justicia informó a la Cámara de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, sobre los hallazgos señalados en el informe de probidad, dando paso para que Fiscalía presentara la demanda civil en su contra.
La Corte ordenó el pasado 29 de noviembre de 2016, la apertura de un juicio civil por enriquecimiento ilícito contra Martínez, debido a que no pudo justificar $486,213.80 existentes en su patrimonio familiar, según el informe de la auditoría hecha por la Sección de Probidad, de la CSJ.
