La carta es dirigida a los embajadores de Brasil, Canadá, Alemania, España y Estados Unidos, que se reunieron con el fiscal el pasado miércoles 6 de septiembre de 2017 y advierten que fueron convertidos en interlocutores involuntarios de una versión parcializada de hechos que competen a la justicia salvadoreña.
En la reunión, el fiscal introdujo el tema de recientes amenazas hacia sus personas en las que una supuesta “Estructura delictiva” lo amenazaba a que saliera del país y abandonara su cargo.
En la carta abierta también señalan que el fiscal aprovechó la reunión para hacer referencia de un supuesto atentado sufrido por el esposo de la fiscal principal donde insinuó el supuesto atentado estaba vinculado con el llamado caso Rais-Martínez.
Los abogados defensores del empresario Enrique Rais advierten a los embajadores y señalan que el fiscal lo único que pretende es victimizarse y preparar el camino para que otras potencias extranjeras realicen el trabajo que a los salvadoreños por mandato les corresponde.
Detallan en la carta abierta: “Presionar al juez octavo de Instrucción que conoce del caso en mi contra y favorecer así, a los ciudadanos italo-canadieses, Matteo Pasquale y Franco Pacetti a quienes he denunciado por los delitos de Extorsión, tal como consta en la Referencia 96-2-2016 de la Fiscalía General de la República, quienes irán finalmente a juicio después de 4 años de espera, este 20 de septiembre en el juzgado 5 de Instrucción”.
Por lo cual solicitan a los embajadores se avoquen al tribunal 8 de Instrucción de San Salvador quien conoce del llamado caso Rais-Martínez, el cual no tiene reserve y está abierto a todos, Referencia 96-2-2016 para conocer, prima fase, el contenido del proceso llamado Rais-Martínez y así tener una visión directa del tema y no parcializada.
Asimismo, piden a los embajadores soliciten a la FGR un informe detallado y preciso sobre las razones por las cuales el Fiscal General, recién electo, nombró en la unidad Élite “Contra Crimen Organizado de la FGR” a su primo hermano, Lic. Will Walter Ruiz, quien había sido removido del Centro de escuchas Telefónicas, por no pasar las pruebas del polígrafo, que bajo cooperación de la Embajada de los Estados Unidos de Norte América tienen a su cargo dichas pruebas y de las cuales ya anteriormente hemos informado a la Embajadora para su debida comprobación.
A ello suman el que se ordenaron grabaciones de llamadas telefónicas sin autorización de juez competente, tal como lo ordena la Ley Especial LEIT. ¿En sus Gobiernos de origen son permitidas estas violaciones a preceptos constitucionales?, cuestiona la carta.
Comparten además que a pesar de que un juez competente ordenó la destrucción de dichas grabaciones, el jefe del centro de escuchas, Lic. Froilán Coto, decidió conservarlas, haciendo y distribuyendo copias de las mismas y con ello rompe la cadena de custodia que ordena la ley, y luego las utilizan ilegalmente en contra de su cliente.
Los abogados solicitan a su vez al fiscal proporcione en el menor tiempo posible, el resultado de las investigaciones realizadas en relación al supuesto atentado y su verdadera razón, del esposo de la Fiscal quienes han sido denunciada internacionalmente, de manera pública y transparente los fiscales que cometieron dichos ilícito.
Al final de la misiva se describe que con los hechos antes mencionados, los embajadores podrán tener una visión clara de las violaciones a los derechos humanos en El Salvador y en su contra.
“Hechos como los denunciados desafían el estado universal de derecho que impera en los países con principios democráticos como bien lo expresa el embajador alemán.
La carta fue presentada por José David Campos, Abogado Defensor, Hernán Cortés Saravia, Abogado Defensor, Silvia de Bonilla, Apoderada General Judicial del señor Enrique Rais.
