Inicio Destacada Sala admite demanda de inconstitucionalidad contra nombramiento de director de la PNC

Sala admite demanda de inconstitucionalidad contra nombramiento de director de la PNC

La Sala ordena además al Presidente de la República, Nayib Bukele, a que en un plazo de diez días hábiles, rinda un informe, al fiscal general, Raúl Melara pronunciarse sobre la demanda y le confiere audiencia a Mauricio Arriaza para pronunciarse sobre los señalamientos.

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EL SALVADOR.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió este jueves una demanda de inconstitucionalidad en contra del nombramiento del comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas como director de la Policía Nacional Civil (PNC).

“Admítase la demanda presentada por la ciudadana Ruth Eleonora López Alfaro, a fin de que este tribunal declare la inconstitucionalidad del Acuerdo Ejecutivo número 14, de 02 de junio de 2019, por medio del cual nombra como Director General de la Policía Nacional Civil (PNC) al comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, publicado en el Diario Oficial número 101, tomo
423, de 02 de junio de 2019, por la supuesta violación de los artículos 159 inciso 2º y 168 ordinal 17º de la Constitución” se lee en la resolución de la sala.

De acuerdo con la demandante, la violación constitucional se fundamenta en que se nombró a un militar como Director General de la PNC, lo cual transgrede la separación de funciones entre la defensa nacional y la seguridad pública; además de la independencia de la PNC respecto de la Fuerza Armada; y el mandato constitucional que ordena que la PNC debe estar dirigida por autoridades civiles.

En la demanda se expone que Arriaza Chicas ostenta el grado militar de teniente en condición de reserva, además ha recibido formación militar, al cursar estudios en la “Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios” y posteriormente en la “Escuela de Carabineros de Chile”, lo que le permitiría llegar al grado de teniente en la extinta Policía Nacional, adscrita al Ministerio de la Defensa.

La Sala ordena además al Presidente de la República, Nayib Bukele, a que en un plazo de diez días hábiles, rinda un informe, al fiscal general, Raúl Melara pronunciarse sobre la demanda y le confiere audiencia a Mauricio Arriaza para pronunciarse sobre los señalamientos.

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