Pese a una orden emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, y su concejo municipal continúan negando hacer público el contrato de la comuna tecleña con la empresa colombiana Teclaseo.
De acuerdo con una denuncia del abogado del abogado Edgar Francisco Lemus Vásquez, quien solicitó la información, por medio del responsable de la unidad de acceso a la información, el alcalde d’Aubuisson negó entregar los documento en el que se establecen las condiciones contractuales de la cesión y contrato a 24 años con dicha empresa extranjera.
Lo anterior a pesar que el IAIP ya exigió al alcalde proceder a hacer público el contrato, así como los pagos que realiza con las tasas que cobra a los tecleños.
“Nadie se explica por qué las autoridades encargadas de velar por los intereses de los ciudadanos (Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, CJS) protejan al alcalde tecleño y no procedan a investigarlo, principalmente cuando hay una precalificación adulterada de selección de empresa”, cuestiona el abogado Lemus Vásquez.
Es de mecnionar también que la misma Corte de Cuentas realizó una auditoría especial en la que afirmó que el contrato es “lesivo a los intereses de Santa Tecla”; que no se llevó a cabo los requisitos para contratar; que regalaron todos los camiones y equipos de transporte y recolección propiedad de Santa Tecla, sin la debida autorización de desafectación según ordena la ley.
Según expone el abogado se “conoce además que los fondos son de origen oscuro y fueron depositados a una persona que no es el socio; tampoco hay evidencia del ingreso de divisas de la empresa colombiana”, dijo.
“Teclaseo no posee relleno sanitario, por lo que hace uso de uno que es altamente cuestionado”, agregó.
Cabe mencionar que el alcalde de Santa Tecla también ha sido denunciado por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, casos en los que también ha incumplido con las resoluciones de la Sala de lo Consticional de la Corte Suprema de Justicia.
El edil tecleño y su concejo han sido denunciado en la Fiscalía por el despido sin el debido proceso de 187 trabajadores que tenían más de 20 años de laborar, entre los cuales hay muchas madres solteras. El alcalde ha incumplido la resolución de la Sala para reincorporar a dichos trabajadores.
El Ministro de Trabajo incluso, públicamente ha exigido al Fiscal General que procese a d’Aubuisson y su concejo, incluso ha advertido que de no hacerlo, comete omisión en la investigación, por lo que acudirá a instancias internacionales.
El abogado expone que “se sabe también que quien participó en la negociación de ese contrato fue Fidel Melara Morán, hermano del Fiscal General, por lo que se ha solicitado que no conozca del caso y en su lugar lo haga el fiscal adjunto”, subrayó.
