EL SALVADOR.- Este día la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro citó al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, de 50 años de edad, para ser intimado sobre la el proceso que pesa en su contra por el delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada.
A su llegada a tribunales el magistrado Escalante Díaz negó la acusación en su contra y calificó de una “canallada”, lo que según él le han hecho, a la vez que agregó que en su momento se conocerá “quiénes están detrás de esto (acusación)”.
El magistrado de la Cámara de lo Civil pidió “comprensión” a la población porque dijo no puede declarar sobre los hechos.
“Les pido que me den el beneficio de la duda y que se pongan en mis zapatos, dejen que le proceso camine, que haya una resolución y primero Dios se aclaren estos hechos y salga la verdad a la luz” manifestó.
La audiencia inicial contra el magistrado fue programada para el martes 26 de marzo a las 10:00 de la mañana en una sala de audiencias, donde bajo ciertas normas habrá acceso a la prensa, debido a que los magistrados de Cámara le han impuesto reserva parcial al proceso con base a la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).
En la acusación, presentada por la Fiscalía General de la República, se pidió que los magistrados ordenen capturar al funcionario judicial, pero esa decisión será tomada hasta finalizar la audiencia.
La Cámara Primera de lo Penal realizará la audiencia inicial y audiencia preliminar y si tras esto consideran que el magistrado, actualmente suspendido de su cargo en la Cámara tercera de lo Civil, por mandato de la Corte Plena, es enviado a vista pública, ésta deberá ser efectuada por la Cámara Segunda de lo Penal.
Tanto la Fiscalía como la defensa del imputado, si no estuvieran de acuerdo con el fallo, ya sea de culpabilidad o inocencia, podrían apelar ante la Cámara Tercera de lo Penal. Luego una eventual casación de la sentencia, ésta deberá ser solicitada ante la Sala de lo Penal.
En el proceso la Fiscalía ha solicitado instrucción formal con detención provisional, la cual podría ser decretada hasta el final de la audiencia inicial.
El hecho supuestamente ocurrió el 18 de febrero pasado en la residencial Altavista, siendo desaforado por la Asamblea Legislativa el 4 de marzo anterior.
