El ex fiscal de unidades especializadas, Rafael Hernán Cortez Saravia, salió al paso de una publicación hecha por un diario digital en la que se advierte que la Fiscalía General de la República (FGR) se queda sin tiempo para pedir que se reabra el juicio por lavado de dinero contra Claudia Herrera y su esposo Mario Calderón, ex representante de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) acusados de lavar $10 millones.
Para el también abogado del empresario Enrique Rais sería “lamentable” que la FGR sumara otro revés judicial si no logra “reunir las evidencias necesarias para acreditar la acusación por el blanqueo de $10 millones de origen ilícito”, que se le atribuyen a Claudia Herrera y Mario Calderón.
El abogado Cortez Saravia recordó que el 8 de diciembre de 2016 la jueza 9° de Instrucción, Nora Montoya, le concedió al ministerio público un año para que continuara recogiendo más elementos probatorios contra el matrimonio Calderón Herrera.
El ex fiscal acentuó que en este caso existen suficientes elementos como para pedir su reapertura pues durante la audiencia preliminar se determinó que en las cuentas bancarias de Claudia Herrera se observó “un inusual incremento de 1183.72% al comparar sus ingresos promedios comparados durante los años dos mil cuatro al dos mil nueve, versus los ingresos promedio en los años dos mil diez al dos mil tres”, según la misma FGR.
El ministerio público también encontró indicios de “la generación de ingresos en las cuentas bancarias, la cancelación anticipada de préstamos a largo plazo, la creación de tres empresas sin movimiento comercial, la alta concentración de inmuebles, crecimiento inusual de los ingresos declarados para los años 2010 / 2013”, que son típicos de casos de blanqueo de capitales resaltó el profesional del derecho.
Sobre el origen de los $10 millones que la FGR acusa a Herrera y su esposo de blanquear, Cortez Saravia sostuvo que “en el allanamiento realizado por la Fiscalía y Policía Nacional en la casa de habitación de Claudia Herrera se encontró rastros de cocaína, la cual fue verificada y ratificada por los laboratorios de la Policía Nacional”.
El ex miembro de unidades élite de la FGR reprochó que “aún con toda esa evidencia la Fiscalía aún no ha hecho el requerimiento respectivo”, para evitar que este caso quede en la impunidad y que el ministerio público sea cuestionado a nueva cuenta.
El abogado Cortez Saravia advirtió que esta no es la primera vez que Claudia Herrera enfrenta a la justicia, pues a la edad de “19 años con pistola en mano secuestró a una niña de seis años, fue capturada por la policía en flagrancia y le decomisaron dos pistolas”.
Tiempo después de este hecho “la abogada y madre de la menor (secuestrada por Herrera), Carol Yaneth Suárez Burgos, ex agente auxiliar del fiscal general de la República, fue asesinada y jamás se conoció quién pagó a los sicarios para matarla”, relató Rafael Hernán Cortez Savaria describiendo lo que él mismo llama el “record criminal de Claudia María Herrera.
El 17 de mayo de 2013, Claudia María Herrera fue detenida por el delito de falsedad material por utilizar documentos falsos, delito por el que la condenaron a pagar cuatro años de prisión, sentencia que la “Sala de lo Penal la declaró en firme y le dieron el beneficio del cambio a tres años de suspensión de la pena, pero deberá cumplirla en prisión si comete un nuevo delito”, añadió el ex fiscal recordando los antecedentes de la esposa de Mario Calderón.
Después de los dos casos ya citados, Herrera fue procesada por amenazas en perjuicio del empresario Enrique Rais, en la vista pública de ese juicio el guardaespaldas de la señora “admitió los hechos y que ella, Claudia Herrera, le ordenó disparar y al no hacerlo, ese mismo día Claudia Herrera y Mario Calderón lo despidieron por no cumplir las órdenes de disparar. Consta en audios y en la declaración del imputado quien pidió perdón ante el juez y todos los presentes”, acentuó el abogado Cortez Saravia.
El profesional del derecho contrastó el caso de Claudia Herrera con el que se instruye contra el empresario Enrique Rais, para el cual “la Fiscalía ha utilizado prueba ilegal y que no vincula al señor Rais con la comisión de ningún delito”.
En el mencionado proceso el ministerio público ha violado el artículo 23 de la Ley Especial de Intervención a las Telecomunicaciones (LEIT) y los artículos dos, 11 y 24 de la Constitución de la República relacionados con el derecho al honor y la inviolabilidad de la privacidad de las comunicaciones, subrayó Rafael Hernán Cortez Saravia.
