El ministro de Trabajo Rolando Castro solicita nuevamente a la Fiscalía General de la República(FGR) así como a la Corte Suprema de Justicia procedan contra quienes no han trasladado a las instituciones correspondientes la retenciones de sus trabajadores.
De acuerdo al artículo 245 del Código Penal se establece de cuatro a ocho años de prisión para los infractores que se han quedado con las retenciones legales de los trabajadores.
El ministro de Trabajo confirma que hay empresas privadas y alcaldías que se han quedado con el dinero de las retenciones legales de los trabajadores, lo cual es un delito penal.
“Hagan lo que hagan y digan lo que digan, les tocará ir a los tribunales, con el dinero de los trabajadores no se juega”, mencionó en días recientes.
