EL SALVADOR- La Fiscalía General de la República (FGR) por medio de la Unidad de Extinción de Dominio hizo efectiva esta mañana la medida cautelar de materialización de bienes a seis propiedades que correspondían al exfiscal general, Luis Martínez, quien es acusado de lavado de dinero, peculado, negociaciones ilícitas, omisión de investigación, sobornos, falsedad ideológica y falsedad documental agravada; entre otros delitos.
“Esta mañana se entregaron al Consejo Nacional de la Administración de Bienes (CONAB) una vivienda en Joyas de las Piletas y casa de campo en carretera a Comasagua” cita el tweet de la fiscalía.
La Unidad de Extinción de Dominio hizo efectiva la medida cautelar de materialización de bienes a 6 propiedades del exfiscal general, Luis Martínez. Esta mañana se entregaron al CONAB una vivienda en Joyas de las Piletas y casa de campo en carretera a Comasagua. pic.twitter.com/U68TAmGHqG
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 13, 2018
las propiedades que han sido intervenidas para ser sometidas al proceso de extinción de dominio son las siguientes: una vivienda en residencial Joyas de las Piletas (Santa Tecla), una casa de campo en Comasagua (La Libertad), otra vivienda en el barrio San Miguelito y casa en Santa Elena (Antiguo Cuscatlán).
En la proximas horas se harán efectivas la acciones legales en cuatro propiedades más, que según las investigaciones fueron adquieridades con dinero ilícito. pic.twitter.com/86GafMNYre
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“De esos inmuebles se va a hacer el procedimiento correspondiente. Estamos actuando con la autorización del juez de extinción de dominio”, dijo el fiscal general Douglas Meléndez.
Explicó que uno de los inmuebles todavía está en estudio si se interviene o no, porque puede ser que sea un bien familiar y que en el mismo residan menores de edad.
Fiscal General, Douglas Meléndez, se refiere a la materialización de bienes del ex fiscal Luis Martínez, que se hizo esta mañana por parte de la Unidad de Extinción de Dominio. pic.twitter.com/KDPQ83b6ly
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Martínez es acusado por la Fiscalía de recibir dádivas por un monto de 1.5 millones de dólares de parte del presidente prófugo Mauricio Funes para no investigar casos como El Chaparral y la Tregua entre las pandillas; entre otros.
