EL SALVADOR.- El abogado Antonio Vega, apoderado legal de la empresa QUIMAGRO, presentó la mañana de miércoles una petición en la Asamblea Legislativa para que se destituya el actual fiscal general de la República, Douglas Arquímidez Meléndez Ruiz.
De acuerdo con el abogado, la petición de destitución en contra del titular de la FGR es “en virtud de las causas legales por incumplimiento de las funciones que le corresponden; por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones, reguladas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, por resolución ilegal pronunciada por dicho funcionario en favor de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, sobre querella de antejuicio”.
“Estoy presentando una petición de destitución del fiscal. Lo que me motiva como ciudadano es el incumplimiento en las funciones que le corresponden y por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones conforme al artículo A y B, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en relación al artículo 192, inciso 2 de la Constitución”, argumentó Vega.
Según el legislador hay una serie de atropellos por los que se considero víctima de la Fiscalía General de la República. “El fiscal no atendió un aviso por un posible prevaricato contra los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional Amelida de Hernández, Rodolfo González y Florentín Meléndez, quienes firmaron una sentencia ilegal, bochornosa, por lo que fue presentando un aviso a la FGR en los plazos establecidos y la Fiscalía se llevó 200 días en responder, mandándolo al archivo”, indicó.
Según sus palabras, también tiene una demanda desde hace 22 años por un contrato de administración con una empresa internacional, que incumplió con el contrato y que no ha cumplido.
Además, resaltó que hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional en 2010 que pide que la Sala de lo Civil emita una sentencia en el caso, y la Sala falló a su favor pero en 2016 la Sala de los Constitucional le dio vuelta a esa resolución.
A esto se le agrega que el 17 de octubre de 2016 se interpuso una petición en la FGR para que se investigara a los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional; pero a la fecha el titular del ministerio público no se ha pronunciado al respecto.
