Dos convenios internacionales, firmados y ratificados por Nicaragua, obligan al Gobierno a extraditar al expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), asilado en el país y contra quien un juez de El Salvador emitió el miércoles una orden de captura internacional para que enfrente un juicio por delitos de corrupción por el desvío de 351 millones de dólares durante su gestión.
El Convenio Centroamericano para la Detención y Extradición Simplificada será el instrumento legal que la Fiscalía salvadoreña use para solicitar la detención y entrega de Funes, quien fue asilado en 2016 por el gobierno sandinista, al considerarlo un “perseguido político” en El Salvador.
Pese al asilo, Mauricio Funes puede ser extraditado bajo el amparo del Convenio Interamericano contra la Corrupción, ratificado por Nicaragua desde 1999, ya que los delitos contra el expresidente están ligados a esta temática: peculado y lavado de dinero y activos en perjuicio de la administración pública.
Jorge Cortez Jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), explicó que el juez notificará a la oficina de la Interpol en El Salvador sobre su resolución para “poder elevar a la categoría de difusión roja lo ordenado y consecuentemente iniciar la búsqueda a nivel mundial”, según la agencia Acan-Efe.
Por que el asilo Perdió vigencia
Algunos analistas salvadoreños han asegurado que el asilo de Funes perdió vigencia al ser acusado penalmente, dado que esta figura sirve únicamente para proteger a perseguidos políticos y en este caso el no lo es pues lo reclama la justicia salvadoreña
