Los pandilleros y mareros que sean deportadas de los Estados Unidos ya tienen en qué ocuparse. Al menos eso es lo que pretenden los diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa, quienes este día aprobaron “Disposiciones Especiales para el control y seguimiento de la población retornada salvadoreña, calificada como miembros de maras, pandillas o agrupaciones ilícitas”.
Según las disposiciones, la Policía Nacional Civil (PNC) será la encargada de crear un registro con datos actualizados de cada uno de los deportados, lo que incluye que se presenten cada 30 días a la subdelegación policial más próxima a firmar e informar de cambio de domicilio o salida del territorio nacional.
“Todas las instituciones públicas, personas naturales o jurídicas, deberán colaborar con la Policía nacional Civil para el cumplimiento de dicha normativa. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración y Extranjería, estarán especialmente obligadas a proporcionar a la PNC toda la información de los países de procedencia de las personas retornadas”, según el artículo 8 de la Ley.
También se pretende que los pandilleros y mareros se desempeñen en labores de utilidad pública en favor del Estado o instituciones de beneficencia, y también que se reeduquen, terminando la primaria o aprender un oficio. Los jueces de paz de todo el país, según el caso, serán los competentes para la aplicación de medidas reeducativas y de reinserción social.
En un documento del FMLN se dice que “Las y los legisladores del Grupo Parlamentario del FMLN, externaron su satisfacción ante la aprobación del decreto, ya que esto permitirá al país y las instituciones prepararse ante posibles deportaciones masivas de miembros de pandillas, que la administración del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, podría ejecutar a futuro y perjudicar más la situación de inseguridad en el territorio salvadoreño”.
El dictamen favorable será presentado al pleno legislativo el jueves 29 de junio para su aprobación.
