El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Florentín Meléndez declaró el viernes estar en desacuerdo con la decisión de Corte Plena de decretar reserva a las investigaciones de la Sección de Probidad en contra de funcionarios y ex funcionarios por posible enriquecimiento ilícito. El magistrado considera que el pueblo tiene derecho a informarse y saber qué esta pasando con sus funcionarios, por lo que se debe dar detalles de casos de Probidad.
Adujo que no es apropiada una reserva general en la información patrimonial. “Por supuesto respetando el honor y la vida privada de los funcionarios públicos porque también es otro derecho constitucional que debe ser tomado en cuenta”, dijo.
Consideró que no era apropiada una resolución con efectos generales con una reserva porque pueden presentarse supuestos donde el pueblo tiene el legítimo derecho a saber lo que esta pasando.
Meléndez es de la opinión que como jueces constitucionales son los primeros llamados a preservar el derecho de la población para que tenga acceso a la información.
“No digo que es una decisión equivocada, hemos discutido con profesionalismo en la Corte Plena”, indicó.
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Algunos magistrados de la CSJ defienden la decisión tomada el pasado martes de que se restrinja la divulgación de documentos probatorios y con los que la Sección de Probidad establece si los funcionarios públicos se han enriquecido o no ilícitamente.
El acuerdo con ochos votos, de un total de 15, estableció que los documentos de prueba no se pueden revelarse hasta que haya una decisión de Corte plena sobre la presunción de enriquecimiento ilícito.
Los magistrados en su momento señalaron que los documentos probatorios son secretos para proteger a las personas que están siendo investigadas y no generar morbo en las indagaciones.
Al final, la decisión fue declarar con reserva los documentos de los expedientes que contienen datos bancarios, financieros, contables y patrimoniales del funcionario que está siendo investigado pero que si podrán revelar el nombre de la persona investigada.
